Miembros de la policía federal de México habrían ejecutado ilegalmente al menos a 11 personas en dos episodios ocurridos este año en el estado de Michoacán (oeste), denunció el miércoles la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe.
Varios testigos de esos sangrientos hechos, en los que murieron un total de 50 civiles, declararon "haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos", indicó la ONG.
En tanto, "la reacción del gobierno ha consistido en negar los acontecimientos de uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como agresores", denunció la ONG.
"Ningún policía ha sido consignado" por los hechos registrados en Apatzingán el 6 de enero, con un saldo de ocho civiles muertos, y en Tanhuato el 22 de mayo, en el que murieron 42 personas y un policía, se añade en el informe.
Consultada por la AFP, una fuente de la Comisión Nacional de Seguridad, a la que pertenece la policía federal, indicó que por el momento no se harían comentarios sobre el informe.
El trágico suceso de Apatzingán sucedió cuando un grupo de civiles estaba participando en una concentración frente al Palacio Municipal de esa localidad (de 99.000 habitantes), de los cuales muchos eran miembros de las fuerzas rurales y hasta 2014 formaban parte de las denominadas "autodefensas", creadas para contrarrestar al entonces poderoso cartel narco Los Caballeros Templarios.
Esa manifestación fue dispersada por un destacamento de policías que se desplazaban en más de dos docenas de vehículos, prosiguió el informe.
HRW se basa en las declaraciones de dos testigos, uno de ellos un sobreviviente identificado ficticiamente como Alejandro, quien recibió más de seis disparos.
Después de la manifestación unos 100 civiles con palos fueron a buscar compañeros detenidos cuando su caravana fue bloqueada por policías, que les empezaron a disparar sin aviso, según Alejandro.
Alejandro sostuvo que después de la balacera, los policías le "dispararon a dos" civiles "mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus cuerpos".
El gobierno sostuvo que los manifestantes atacaron primero a los policías, pero HRW recibió del mismo gobierno un video de cámaras de seguridad que muestra que los civiles no estaban armados.
En el caso de Tanhuato (de 15.000 habitantes), 42 civiles y un policía fallecieron cuando agentes federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal.
"Un investigador de derechos humanos", que entrevistó a tres detenidos dijo a HRW que "después de la balacera inicial, varios policías habían ultimado con disparos a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial".
De las 9 personas ejecutadas por los policías en el rancho, cinco soltaron sus armas pero aun así los policías "les dispararon por la espalda" cuando intentaban huir, de acuerdo a los testigos.
Otras siete personas fueron llevados por varios policías al interior de la hacienda principal "y mataron a cuatro de ellas. Una fue puesta contra la pared y luego le dispararon; otra recibió disparos en la escalera; una fue alcanzada por disparos en la espalda mientras escapaba; y otra fue quemada dentro de una bodega ubicada al costado de la vivienda", indicó HRW.
A pocas horas de ese enfrentamiento, el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Alejandro Monte Rubido, descartó la posibilidad de que los uniformados hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, y argumentó que el desigual saldo de civiles y policías muertos "se debía a la 'capacitación superior' de las fuerzas de seguridad".
Fuerzas de seguridad mexicanas enfrentan repetidas acusaciones de abusos.
Siete militares fueron encarcelados por la supuesta ejecución de ocho civiles en junio de 2014, durante un enfrentamiento con presuntos secuestradores en el que murieron un total de 22 personas, aunque cuatro de ellos fueron liberados por falta de pruebas.