Guadalajara, Jalisco.

Para contrarrestar el embate del crimen organizado, los gobiernos de Jalisco y el federal han implementado varias estrategias que, a la distancia, incumplieron con el éxito que alguna vez prometieron.

Uno de esos ejemplos fue la Fuerza Única Metropolitana (FUM), cuyo arranque lo encabezó el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz el 15 de diciembre de 2013. Ese esquema de coordinación inició con 123 oficiales “elite” de Guadalajara, 71 de Zapopan, 37 de Tlaquepaque, 28 de Tonalá, 25 de Tlajomulco, 12 de El Salto, y 154 de la Policía Estatal.

Sin embargo, este intento de conformar un cuerpo policial de reacción a delitos de alto impacto no fue bien recibido por los alcaldes del partido Movimiento Ciudadano (MC), y una vez que fue presentado, éstos retiraron a sus policías.

“Profesionalización y coordinación”

Pero no quedó ahí. El 20 de agosto de 2019 inició otro experimento de una “Policía de élite”. Ya con Enrique Alfaro a la cabeza del Gobierno de Jalisco, se creó la Policía Metropolitana de Guadalajara. El general Arturo González García rindió protesta como comisario Metropolitano.

Enrique Alfaro dijo entonces que la Policía Metropolitana unificaría tanto el personal como los recursos materiales de los nueve municipios conurbados para concentrarlos en una sola institución. Por cierto, tres de ellos ya habían sido intervenidos ante la sospecha de que hubiera infiltración del crimen organizado: Tlajomulco, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos.

En el papel, esta fuerza policial, cuya estrategia, resultados y métodos todavía se desconocen, estaría a cargo de los delitos de alto impacto y su estrategia sería de reacción.

Argumentos de defensa

Pero las estrategias no sólo se quedan en Jalisco. La nueva administración federal también quiso ponerle su sello a un nuevo planteamiento en la materia.

El 1 de febrero de 2019 se formalizó la creación del cuerpo civil llamado Guardia Nacional, y el 30 de junio de ese año inició su despliegue en el territorio nacional con 52 mil elementos, asignados a los estados en donde se registraba la mayor incidencia delictiva.

El bono de confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia este grupo fue tal que, a sólo un año de su creación, sus integrantes ya duplicaban en número a la extinta Policía Federal.

¿Confianza recuperada?

Por igual, las autoridades locales y federales afirman que volverán a generar estrategias para tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos, pero se han concretado a repetir esta fórmula que no logra reducir la percepción de inseguridad de la gente.

Al menos así lo indica la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que en sus resultados más recientes advierte que 86 de cada 100 ciudadanos tapatíos se sienten inseguros en las calles.

Para el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Alfonso Partida Caballero, algunos factores que han orillado a los policías municipales a sumarse a las filas del crimen son el “abandono” que han tenido esas corporaciones en los últimos años, los sueldos precarios que existen en ciertos municipios, la falta de homologación salarial, la carencia de armamento y capacitación, así como la falta de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, donde cada organismo culpa al otro por la falta de atención a los delitos.

En suma, cada estrategia de seguridad que se ha emprendido en Jalisco durante los últimos años ha fallado en generar una percepción positiva entre los ciudadanos. Y los 2,059 homicidios registrados sólo entre enero y octubre de este año, que se traducen en un promedio de siete al día, no hacen sino reforzar esa realidad adversa que percibimos todos.

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Una guerra perdida contra la inseguridad en Jalisco