La Haya, Países Bajos.

Venezuela solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. Caracas argumentó que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial.

Los magistrados de la CPI autorizaron en junio de 2023 al fiscal general del tribunal, Karim Khan, a reanudar la investigación argumentando que, en su opinión, Venezuela no parecía estar investigando las denuncias. 

Caracas apeló en noviembre y los representantes del gobierno de Maduro sostuvieron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era imprecisa.

Pero este viernes la CPI no dio seguimiento al recurso.

"La Sala de Apelaciones rechaza el recurso y confirma la decisión impugnada", informó el juez Marc Perrin de Brichambaut, magistrado del tribunal, con sede en La Haya, alegando que no se hallaron "razones convincentes para apartarse del fallo" ya emitido.

La indagatoria se centra en las denuncias sobre la represión de las manifestaciones desencadenadas por la detención de varios dirigentes de oposición y decisiones del Tribunal Supremo orientadas a amordazar a la Asamblea Nacional donde la oposición tenía mayoría.

"Decisión infundada"  

Este viernes, Venezuela denunció una "decisión infundada" por parte de la CPI "que pretende ocultar la verdad de Venezuela, en un caso evidente de instrumentalización política contra el país", señaló en X la vicepresidenta Delcy Rodríguez. 

"Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que [...] han sido o están siendo investigados y sancionados por [...] el sistema de justicia venezolano", apostilló por su parte la Cancillería en un comunicado.

En cambio, el fiscal de la CPI aplaudió el fallo, que confirma, según él, que "los procedimientos penales nacionales del gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente el alcance de la investigación" prevista por su oficina.

La oenegé venezolana de derechos humanos Provea afirmó en la misma plataforma que tanto ella como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) aplauden la decisión, destacando "su gran relevancia en un clima de impunidad" y de "persecución de personas defensoras de derechos humanos".

En la misma línea, la oenegé Human Rights Watch consideró que el dictamen de la corte "es un rayo de esperanza para las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro". 

En 2018, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá denunciaron la situación en Venezuela ante la CPI y la corte inició una investigación preliminar.

En noviembre de 2021, el fiscal Khan abrió una investigación formal y firmó entonces un acuerdo con Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país.

En tanto, la justicia venezolana inculpó y condenó a más de 200 agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

• Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.

Por Jan HENNOP