Guadalajara, Jalisco. 

El Caso de Beatriz será discutido en dos días de audiencia que tendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos resolutivos podrían obligar a El Salvador a modificar su legislación de absoluta prohibición del aborto y cárcel de hasta 50 años a las personas gestantes que interrumpan un embarazo.

Le ofrecemos un repaso de los hechos que atrajo la Corte IDH:

Beatriz, era una joven mujer del oriente de El Salvador, tenía en 2012, 21 años de edad y un bebé de menos de un año de nacido a quien cuidaba entre severa carencia económica, para 2013 se embaraza por segunda ocasión, pero esta vez con serias complicaciones para su vida y la del feto que, por un lado, crecía dentro del cuerpo de una mujer diagnosticada con lupus y por el otro, se desarrollaba con malformaciones que garantizaban su muerte apenas saliera del útero.

Estas condiciones de la gestión adversas e incompatibles con la vida de Beatriz y el feto, fueron revisadas por al menos 15 médicos que recomendaron el aborto como única medida de garantizar, al menos, la supervivencia de Beatriz, pero por las leyes restrictivas de los derechos sexuales y reproductivos que imperan en El Salvador, a Beatriz no le permitieron abortar a tiempo, antes de que su salud se mermara.

Ante esto, su familia se moviliza y consigue el respaldo de organismos internacionales y colectivas que logran, 81 días después de que Beatriz había sido ingresada a un centro de salud, obligar al Estado salvadoreño a practicar el aborto, sin embargo, por el lupus que padecía y que agravó el embarazo, sale del hospital con una salud endeble y delicada.

A los cuatro años de ese hecho, Beatriz fallece en un accidente vial que no resistió justamente por su débil condición de salud y en consecuencia, dejó una herida abierta en la nación que es parte de los cinco países de América Latina donde el aborto está absolutamente prohibido.

Ahora, con esta audiencia que iniciará este miércoles y concluirá el jueves desde la sede del tribunal en San José, Costa Rica, familiares y activistas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos esperan que las naciones con severas restricciones a las libertades de elección, cambien sus legislaciones, reparen el daño y se comprometan a la no repetición de casos que en nombre de las leyes, auspician muertes evitables.

"La Corte Interamericana, las organizaciones que acompañamos a Beatriz durante el proceso de interrupción en 2013, mantenemos un litigio ante el Sistema Interamericano en contra del Estado salvadoreño, buscamos honrar la memoria de Beatriz y exigimos una reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición y la modificación del marco normativo que atenta contra la vida de miles de salvadoreñas".

La audiencia del Caso Beatriz contra el Estado de El Salvador es histórico y marca un precedente en el avance y vigilancia de las garantías de respeto a los derechos humanos de las personas con capacidad de gestar, puesto que al ser uno de los países con restricciones más absolutas y severas, la obligatoriedad de modificar sus leyes, provocaría una oportunidad similar a las otras naciones que criminalizan el derecho de elección y gestión de los propios cuerpos y prohíben bajo todo concepto la práctica del aborto como el caso de Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.