Guadalajara, Jalisco.

Jilotlán de los Dolores, Jalisco, no ha podido encontrar la paz desde el 15 de abril del 2018, justo antes de la elección de hace tres años, cuando un grupo armado asesinó entonces al presidente municipal con licencia, Juan Carlos Andrade Magaña, que buscaba la reelección por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Él fue encontrado sin vida a un costado de la carretera.

El reporte del Gobierno de Jalisco refiere que en Jilotán de los Dolores los delitos del fuero común han ido a la baja: En 2019 solo se cometieron nueve delitos en el municipio, durante 2020 la incidencia alcanzó los 16 delitos y en lo que va del 2021, solo se han cometido dos delitos.

Sí se reconoce, en cambio, que en Jilotlán existe es el riesgo de que grupos de la delincuencia organizada que buscan incidir en el proceso electoral.

Es por ello que el Gabinete Estatal de Seguridad ha pedido al Gobierno Federal que investigue las intimidaciones del crimen organizado a candidatos en Jilotlán de los Dolores, que los ha llevado a no participar o renunciar, son seis hasta el momento.

Quieren clarificar los actos de intimidación que la delincuencia organizada ha emprendido en contra de los aspirantes a la presidencia municipal y a regidores de la mayoría de los partidos.

Jalisco ha documentado desde el inicio de la campaña cómo poco a poco fueron desistiendo los candidatos de los distintos partidos a sus aspiraciones, al grado de existir actualmente un solo candidato y una planilla registrada para la Presidencia Municipal.

Se destacó que “en Jilotlán de los Dolores no hay problemas de inseguridad pública, así lo muestran los distintos reportes de la incidencia delictiva que se analizan semana a semana en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad”.

El tema está entonces en la mesa del Gobierno federal y se espera la coordinación con los tres niveles de gobierno para que la determinación que tomen las autoridades electorales sobre mantener o suspender el proceso, sea con la mayor cantidad de elementos posibles y con la garantía de que se privilegiará la integridad de candidatos y votantes.