Guadalajara, Jalisco. 

La dignidad de las personas y la garantía del respeto a los derechos humanos deben estar al centro del actuar político para evitar que se profundice aún más la crisis de desigualdad social, en esto coincidieron los especialistas reunidos en un conversatorio virtual que convocó el ITESO para abrir el debate de lo que será la vida pospandemia en un contexto donde entre las  principales consecuencia del COVID-19 ha sido amplificar las desigualdades.

Para muestra está la medición que se hace desde la década de los 90 del desarrollo humano de las personas, y que para este 2020 sufrirá un grave descenso a nivel mundial, como explica el representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, quien agrega que antes que las políticas de rescate económico, se debe integrar la equidad para evitar profundizar más los rezagos.

"Desde los 90 que comenzó el desarrollo humano en su conjunto a nivel mundial avanzaba, les marcamos como disminuyó en 2009 particularmente en ese entonces con la crisis financiera, pero lo que quería mostrar es qué va a pasar este año 2020, si los pronósticos que se han hecho aciertan, sería el primer año desde que existe este índice de desarrollo que claramente va a haber un fuerte retroceso, que creo que la gráfica ejemplifica cual va a ser este retroceso que a nivel mundial se va a tener en los índices de desarrollo humano, (...) y por su puesto que habrá otras muchas consecuencias como puede ser el retroceso en la igualdad de género".

Ningún control de la pandemia o desastres naturales significa un cheque en blanco para las autoridades, protección no es represión, son los principios que la directora adjunta de investigación en Amnistía Internacional para las Américas, Carolina Jiménez Sandoval, colocó al centro del debate como parte de las máximas que deben considerar los gobiernos al momento de su actuar en la contención del virus.

En países como el nuestro se han evidenciado una serie de violaciones a los derechos de las personas como el caso de la falta de agua en las comunidades marginadas, la detención y aglomeración de personas migrantes y la represión a quienes se manifiestan por la carencia alimentaria que los aqueja por el confinamiento obligado por la pandemia, que ahora tiene su epicentro en el continente americano que ha registrado hasta el momento, según el seguimiento de Amnistía Internacional, 60 incidentes de violaciones de derechos humanos, entre ellos el mal manejo de la pandemia en centros de reclusión.

"Ningún control de una emergencia, sea una pandemia, sea un terremoto, sea un huracán o sea cualquier desastre natural o de orden mundial implica o significa un cheque en blanco a los gobiernos, todo lo contrario, incluso en estos momentos, en estas condiciones más extremas, esto es que algo que siempre recordamos, no sólo en jurisprudencia que muestra cómo se norman excepciones sino que además hay principios fundamentales que los gobiernos deben respetar, por su puesto el primero de no discriminación, ninguna medida que tomen los estados debe ser una medida discriminatoria, los estados tienen que asegurarse que las medidas que tomen no  afecten de ninguna manera a grupos marginalizados o a grupos en situación de vulnerabilidad". 

La transparencia plena en la información que den los estados respecto a los datos relacionados con el COVID-19 y las políticas de soporte social y económico, será la pieza fundamental que deberá exigirse a las autoridades con el fin de tener una sociedad más comprometida con las acciones de contención.

Entre las conclusiones también estuvo el tema de la protección de grupos vulnerables como el de la seguridad de mujeres y niñas, que en los últimos meses ha registrado en México 14 por ciento más delitos de violencia en el hogar.