Guadalajara, Jalisco.

“Cada orden de Gobierno ha actuado de forma desarticulada y hasta contrapuesta frente a la pandemia del COVID-19, ahondando la descoordinación entre autoridades del país”. A esa conclusión llegaron siete investigadores que dan seguimiento a los programas de política económica, fiscal y social por la crisis derivada a raíz de la emergencia sanitaria.

El proyecto de investigación #FederalismoEnCovid realizó una revisión de los programas de apoyo que ofrecen los gobiernos de los 32 estados y se encontró con disparidades enormes.

Por ejemplo, el gobierno estatal que tiene más iniciativas de apoyo económico es Guanajuato, con 38, mientras que Tabasco es el que menos acciones implantó frente a la pandemia, con apenas 3.

En el caso de Jalisco se cuentan con 14 programas de respaldo en materia económica, fiscal y social. La ciudad de México tiene 15 y Veracruz 5.

La investigación está en proceso y se alimenta en forma constante. En ella participan académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, el think-thank Transversal, la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la consultora “apted”.

El Consejo de Salubridad General se instaló apenas el 19 de marzo, lo cierto es que la descoordinación entre órdenes de gobierno continúa. No solo respecto de las medidas sanitarias iniciales para enfrentar la pandemia, sino también de las respuestas recientes para encarar la crisis económica e incluso para transitar a la llamada “nueva normalidad”.

Las diferencias pueden verse en las precauciones sanitarias, suspensión de actividades, prohibición de eventos masivos, estímulos fiscales, paquetes económicos, hasta ocurrencias, provocando una confusión de mensajes y acciones gubernamentales.

Tampoco hay una coordinación subnacional. El silencio de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ha sido elocuente.

“Esta descoordinación mina la eficacia de la respuesta de México, frente a la crisis del COVID-19. Un problema de estas dimensiones no puede ser atendido con medidas desarticuladas”, señalaron.

El estudio de seguimiento comprende del 11 de marzo al 12 de mayo y se establece que los gobiernos estatales utilizaron 406 instrumentos para atender los efectos sociales y económicos de la pandemia: 52% de ellos son de naturaleza fiscal; 32% son medidas de asistencia social; 11% de naturaleza laboral y apenas 5% son de seguridad social dirigidas a trabajadores del sector formal.

La mayor parte de los instrumentos son nuevos (58%), hay adaptaciones a programas ya existentes (18%) y 11% ya existían y se difundieron de nueva cuenta durante la crisis actual.

Lo que llama la atención de los investigadores es que 25% de las medidas no contienen ningún tipo de información sobre la duración, monto o frecuencia de los apoyos. En más de 40% no fue posible identificar la fuente de los recursos y en 90% de los casos es imposible conocer su presupuesto específico asignado.

Según los académicos, la política social y las medidas de apoyo económico se han caracterizado desde hace años por la discrecionalidad en su otorgamiento y opacidad en su operación. Sin embargo, la pandemia no puede ser pretexto para repetir esos patrones en medidas extraordinarias que deben ayudar a resolver problemas emergentes.

El documento de 26 cuartillas “Federalismo en COVID: ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?”, puede consultarse en la plataforma FEDERALISMOEN#COVID.