Guadalajara, Jalisco.

Las posibles omisiones cometidas por servidores públicos de la Fiscalía Estatal en el caso Teuchitlán, ya están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, informó el titular, Gerardo de la Cruz Tovar.

Quien agregó que van a llamar a declarar a los policías investigadores o ministerios públicos o a personas de alto rango de la Fiscalía vinculadas a la indagatoria sobre el campamento de reclutamiento.

Tras la detención en septiembre pasado de 10 personas y el rescate de otras dos con vida, así como de un cadáver, en el rancho de Teuchitlán, “era imperativo que los servidores públicos actuaran con exhaustividad en su investigación”, expresó De la Cruz, quien confirmó la apertura de una carpeta de investigación.

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“Derivado de una vista que nos está dando la Visitaduría de la Fiscalía del Estado, abrimos una carpeta de investigación. En realidad, nos corresponde a nosotros investigar los delitos cometidos por servidores públicos y en este caso estamos hablando de servidores públicos.

Tanto del área de Prevención del Delito, como también de Procuración de Justicia. Uno de los requisitos que debe cuidar el personal que investiga los delitos es la exhaustividad. Cuando tienes conocimiento de un hecho delictivo la investigación que se lleva a cabo debe ser en forma exhaustiva”, explicó. 

El fiscal estatal Anticorrupción subrayó que es del dominio público que hay evidencias que no se procesaron y que no se protegieron. Eso puede constituir diversas modalidades de delito.

“Uno de ellos (de los delitos) puede ser un abuso de autoridad, porque le estás negando el acceso a la justicia a las víctimas -tanto a las directas como a las indirectas- a los familiares, que tenían derecho a saber que probablemente ahí estuviera una pertenencia de alguno de sus seres queridos desaparecidos.

Desde luego también tenemos delitos en contra de la administración de justicia. Ahí podríamos hablar de favorecer a alguna de las partes en un asunto o de procurar la impunidad”, expuso. 

La falta de investigación no solo genera impunidad, sino que también representa una violación a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias, quienes se vieron privados de acceder a la justicia, dijo.

La investigación de la Fiscalía fue activada con base en el informe de la Vicefiscalía Especializada en Desapariciones, instancia que levantó un acta que -dijo- resultó fundamental para iniciar el procedimiento oficial. Tovar mencionó que se están determinando responsabilidades y, de encontrar omisiones por parte de funcionarios, se procederá con las acciones necesarias para llevarlos ante el juez.

Si durante la investigación se identifican responsabilidades a nivel federal, informarán a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a escala federal.