Durante el informe del Congreso, diputada reclama la falta de apertura del gobierno estatal para que comparezcan funcionarios
Fotografía: Cortesía




Guadalajara, Jalisco.

El Congreso de Jalisco cumplió su segundo año de actividades y la diputada del PRI, Hortensia Noroña Quezada, presentó el informe anual de actividades, en el que destacó la aprobación de reformas para que ningún deudor alimentario se postule como candidato, avances en derechos políticos de las personas con discapacidad, pueblos originarios, jóvenes y migrantes jaliscienses residentes en el extranjero.

Sin embargo, dijo que aún siguen en la “congeladora” reformas a la Ley de Víctimas, a la donación de órganos, al matrimonio igualitario, el derecho a la verdad y la figura del diputado migrante.

Ante la presencia del gobernador Enrique Alfaro y del magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial, la diputada del PRI lamentó que la mayoría de MC y el gabinete estatal se cierren a no acudir a comparecencias cuando lo proponen diputados de oposición.

“Esto, sin lugar a dudas es una tarea que queda pendiente y hemos sido claros y puntuales, las comparecencias no son inquisitoras, no son comité de linchamiento o juzgados de sentencia.

No debemos tenerle miedo al diálogo, no rehuyamos el debate, debemos buscar un mecanismo que nos permita identificar un problema y mediante el diálogo propositivo franco y claro con las dependencias involucradas logremos construir entre todos una solución”, aseveró. 

La presidenta de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura señaló que un ejemplo de esa falta de diálogo ha sido la negativa para que acuda a rendir cuentas al Congreso, el director del SIAPA, Carlos Torres Lugo.

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“Como poderes públicos debemos de reconocer que tenemos una deuda con los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y es la calidad del servicio de agua potable.

Y es que el servicio el día de hoy es inaceptable y sin una óptica social afectando el diario vivir de las familias, poniendo en riesgo su salud, por lo que no es posible sostener el alto costo, por un servicio de esta calidad”, dijo. 

El Congreso hizo su parte, dijo, al aprobar descuentos de 50% en la tarifa del SIAPA, a habitantes de 51 colonias que reciben agua turbia en sus hogares. Ese beneficio solo aplicó durante tres meses y el problema persiste.


Ignacio Pérez Vega