Guadalajara, Jalisco.
En una sesión virtual, el Consejo General Universitario (CGU), aprobó en forma unánime hacer un pronunciamiento público a las secretarías de Hacienda y de Educación, para que se cumpla con la asignación de la parte que le corresponde al gobierno federal de los $250 millones necesarios para el pago del incremento salarial de 3.4% a los 26 mil trabajadores universitarios.
Además, el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, propuso que el Consejo de Rectores haga otro pronunciamiento público, pero éste enfocado a la discusión que se dará la próxima semana en la Cámara de Diputados federal, sobre las reformas que impulsa la bancada de Morena a la Ley General de Educación.
Villanueva Lomelí dijo que se busca decretar la “gratuidad” plena en la educación superior, algo en lo que las universidades públicas están de acuerdo, pero siempre y cuando la federación otorgue el dinero suficiente para lograr esa gratuidad.
"Que se garantice en esta Ley que el concepto de gratuidad que ha promovido el gobierno federal, venga acompañado no solo con un discurso, sino con los fondos necesarios que se requieren para garantizar esta gratuidad, porque promover la gratuidad desde el gobierno federal sin los recursos que pueden permitir esta gratuidad, honestamente es demagogia”, puntualizó.
La sesión del CGU se realizó con nueve consejeros presentes en el paraninfo “Enrique Díaz de León” y 163 que se conectaron desde los centros universitarios metropolitanos y regionales, quienes aprobaron la nueva sede de la UdeG en Tlajomulco, así como los planes de estudio de las carreras que ahí se ofrecen, y el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025 visión 2030.
Al respecto, ante las observaciones hechas por los sindicatos de Académicos y de Trabajadores Administrativos y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), el rector dijo que se hará una “socialización” y presentación del Plan de Desarrollo, ante los gremios.
“Yo ofrezco abiertamente que si alguna variación se le debe de hacer a este Plan, la hagamos a partir de las reuniones que tengamos con ustedes. Estos documentos no se pueden pensar cerrados o escritos ‘en piedra’, como lo decía el vicerrector (Héctor Raúl Solís) en algunas reuniones y si algo he hecho en mi gestión, es escuchar a todos los universitarios”, aseguró.
Ante el próximo regreso a clases el 7 de septiembre, el presidente de la FEU, Javier Armenta Araiza, pidió al rector general, que se busquen opciones para que estudiantes de preparatoria y licenciatura en las regiones, cuenten con espacios adecuados con computadoras y conexión de internet.
Dijo que 30% de los estudiantes no tiene acceso a internet ni a computadora.
“Nosotros le pusimos a la iniciativa el nombre ‘Alternativa’ y ‘Alternativa’ lo que busca es que en colaboración con los tres niveles de gobierno: el municipal, estatal, e incluso el federal y con la UdeG, pudiéramos gestionar espacios para acceso a internet y computadoras en las regiones. Es un primer saque, en primera instancia que el gobierno municipal pueda proveer un espacio, en segundo lugar que el estatal pueda proveer la conexión y algunos equipos; la Universidad pudiera proveer equipos o apoyar en la operación y el gobierno federal, pues con todo lo que pueda apoyarnos, desde recursos, equipos o conexión”, subrayó.
El rector respondió que se trabaja ya en un esquema de apoyo para tener condiciones de igualdad para todos los estudiantes metropolitanos y quienes estudian en las regiones.
En la parte final de la sesión virtual que duró poco más de cuatro horas, Marifer Salas Garcíabada, estudiante del CUCEA, recordó la importancia de que se expida ya el Protocolo Universitario en Contra del Hostigamiento y la Violencia hacia las Mujeres, pues tiene seis meses en análisis y está próximo el regreso a clases.
“Es importante visibilizar que ya van más de seis meses a partir de que se pronuncia la búsqueda del Protocolo en Contra del Hostigamiento y la Violencia hacia las Mujeres de la UdeG, sabemos que en marzo de este año se comienzan trabajos por parte de rectoría general, del abogado, a trabajar un Código de Ética para categorizar todas aquellas faltas de la comunidad, como primera fase del protocolo”, apuntó.
Los consejeros también aprobaron que se dé una prórroga de dos meses, al proceso electoral para renovar los consejos de escuela, de división, de centro universitario, del Sistema de Enseñanza Media Superior (SEMS) y del propio CGU. Mientras tanto, los consejeros actuales se mantendrán en el cargo, hasta diciembre próximo.
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