Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 42/2018, dirigida al Congreso local, en la que le exige al diputado de MC, Alberto Casas Reynoso, que exprese una disculpa pública, en una sesión del pleno, a la abogada Diana Arredondo Rodríguez, quien aspiraba al cargo de magistrada del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), y a quien el legislador le preguntó en una entrevista para ocupar el puesto, el por qué omitió su estado civil en su currícula y le dijo que “el buen juez por su casa empieza”.

“Primero, la CEDHJ hace una recomendación particular al diputado Alberto Casas, que fue el que generó esta situación vergonzosa, en el sentido de que él deberá ofrecer una disculpa pública a mi persona, en el marco de una sesión del Congreso y que esa disculpa pública deberá extenderse a todas las mujeres de Jalisco, como una manera de prevenir que eso vuelva a ocurrir”, explicó.

A raíz de la queja interpuesta por Diana Arredondo y por otros cuatro organismos de la sociedad civil, entre ellos el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y Parité (Observatorio de Participación Política de las Mujeres), la CEDHJ le recomienda a la Legislatura estatal que realice un programa de capacitación para los 38 diputados entrantes, en materia de cuáles son los derechos humanos de las mujeres, dijo la abogada Diana Arredondo.

“Diseñar un programa de capacitación, actualización y formación profesional a las y los diputados, que eso era lo que yo pedía. ¿Cómo es posible que un señor diputado tenga ese nivel de desconocimiento en materia de respeto de derechos humanos?, ¿Cómo va a legislar con esa ignorancia?”, agregó.

Diana Arredondo dijo que el Poder Legislativo debe elaborar protocolos para las entrevistas públicas que hagan los diputados, en las convocatorias que lancen para ocupar cargos, a fin de que se hagan con perspectiva de género y lenguaje incluyente.

También se pide al Congreso que se hagan reformas legislativas que incorporen el principio de la paridad de género en el TAE y también para todos los órganos jurisdiccionales del estado.