Guadalajara, Jalisco. 

Para hacer el Diagnóstico de las Capacidades Institucionales para la Atención a Víctimas fueron convocadas 131 dependencias de gobierno, pero solo respondieron 53.

Eso por un lado y por otro, resulta que esta evaluación que hace el gobierno de sí mismo, no incluye cuál dependencia tiene el peor desempeño ni la que realiza mejores prácticas.

Estas dependencias atienden a víctimas de trata, familiares de personas desaparecidas, feminicidios, abuso sexual infantil, entre otros delitos y por eso quienes atienden deben estar preparados para abordar asuntos dolorosos, explicó la consejera presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, Mayra Elizabeth Hernández.

“Las personas víctimas deben tener acceso rápido a servicios médicos, psicológicos y legales, la burocracia no puede ser un obstáculo en momentos de crisis.

Debemos garantizar que los procedimientos sean ágiles y accesibles. En el momento en el que una niña, niño o adolescente es abusado sexualmente tenemos que ponernos a pensar qué es lo que ha de pensar esa pequeñita persona, esa mamá o ese papá que la acompañan en ese momento y

tratar de hacer llevadero todo el proceso porque el dolor que han de sentir es algo inimaginable”.

• Son instituciones que dan principalmente asesoría psicológica y jurídica a víctimas, las principales usuarias son mujeres. 

Entre los indicadores que dio a conocer el Instituto de Información Estadística y Geográfica está el tiempo de atención, al respecto habla el director de la Unidad de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, Conrado Romo:

“El tiempo promedio de atención actual de las dependencias que respondieron la mayor parte de las respuestas está dentro de la categoría de 46 minutos a una hora de respuesta

mientras que una mencionó tener un tiempo de más de dos horas en su tiempo de respuesta”.

La Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad, Isabel Cortés Coronado, añadió que el estudio está basado en seis ejes:

“El primero, identificar recursos públicos existentes; el segundo, identificar las brechas y necesidades; el tercero, mejorar la calidad del servicio público; cuarto, fortalecer la respuesta institucional; quinto, cumplir con marcos legales y normativos y sexto, monitoreo y evaluación continua”.

Además agregó que: 

“En materia de cumplimiento a los marcos legales y normativos, es vital también contar con protocolos de actuación, por lo que el 55 por ciento de las dependencias encuestadas respondió que sí aplican protocolos a las personas usuarias mientras que el 45 por ciento dijo no aplicar dichos protocolos”.