Guadalajara, Jalisco.

Acusan que desde el interior del Gobierno del Estado se gestan diversas acciones para apoderarse de una finca asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR) desde el año de 1989, a los hermanos Arellano Félix.

Simulación de actos jurídicos, escrituras falsas, operativos policiacos y hasta siembra de pequeñas porciones de droga, son algunas de las prácticas que han puesto en marcha hasta asegurar el inmueble.

El abogado Fidel Alejandro Kosonoy Ayala, apoderado legal de Grano de Arena, explicó cómo es que se hicieron de la finca para protegerla de actos vandálicos y conservarla.

El bien situado en la calle de Lechuga al cruce con Rinconada de las Praderas, en Bosques de la Victoria, sigue asegurado por la PGR de la causa penal 4 mil 384/93.

Los intentos de tomar posesión de ella han sido varios, aunque han equivocado el número de la finca o del cruce e incluso con grupos de choque, como ocurrió en el 2013 con un grupo armado, al que sus habitantes apoyados por policías de Guadalajara repelieron.

La asociación Civil Orientación Política Grano de Arena A.C. cuenta con sus contratos de arrendamiento y ampliación ante la depositaria Regional de Occidente de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República hoy denominada Servicio de Administración de Bienes Asegurados.

Refieren los afectados que no obstante lo anterior, apareció un supuesto propietario de nombre Gabriel Elías Gil García con el poder legal 2 mil 231 otorgado por el notario número 26 reclamando la casa, el 7 de febrero del 2013, y luego conforme a la escritura 53 mil 669 de la notaría 122, simularon la venta de la finca en 11 millones de pesos a la comercializadora Hendrix S.A. de C.V., donde el socio mayoritario es un funcionario de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco.

Salvador Méndez Carrillo, que tiene el 99% de las acciones de dicha empresa, aparece como director de Promoción de Vivienda Inmobiliaria del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Esto fue el 16 de enero de 2016, registraron la escritura en enero del 2017 y ahí no cesó, porque a los pocos meses, con una orden “desde arriba”, cambiaron recibos de la Comisión Federal de Electricidad y hasta inscribieron de manera inusual “No realizar cambio de nombre. En el Siapa borraron del recibo el nombre de Francisco Rafael Arellano Félix.

Ante los fallidos intentos, denuncian, les armaron un operativo y les sembraron droga, platicó Alejandro Kosonoy.

El abogado denuncia que es una práctica común y hay funcionarios involucrados:

Ya se preparan para una mayor batalla legal, piensan acudir con el titular del Ejecutivo Estatal e incluso presentar denuncias penales por despojo, aun cuando sus contrincantes dicen ser la máxima autoridad, como lo denuncia el representante legal.