Guadalajara, Jalisco.

Vecinos de la colonia Country Club que se oponen a la construcción de una torre de departamentos en la calle Mar Tirreno número 62, denunciaron el tráfico de influencias que ha usado el socio de la torre, Rafael Orendáin Parra, para tratar de intimidar a los colonos, quienes argumentan que la construcción viola el uso del suelo y afecta los mantos freáticos.

Alejandro Cárdenas Enríquez, abogado de los hermanos José y Gustavo Ayala Michel, quienes lograron detener la construcción de la torre de departamentos, al interponer varios juicios de amparo, relató que una vez más el constructor logró que se “congelaran” las cuentas bancarias de sus clientes y de ello acusan a la intervención que hace el gobernador Enrique Alfaro, ya que el desarrollador inmobiliario es amigo muy cercano del mandatario estatal.

“El constructor gestiona ante la Fiscalía Estatal, la Junta Local de Conciliación, determinadas acciones legales y de manera increíble, se las conceden. Sabemos que el accionista Rafael Orendáin Parra, es íntimo amigo del gobernador, toda vez que fungió como enlace empresarial en la campaña para gobernador de Enrique Alfaro. Incluso su hermana María Guadalupe Orendáin Parra está dentro de lsa nómina y trabaja dentro del despacho del gobernador en Casa Jalisco”, subrayó.

El representante legal de los colonos dijo que en el caso de la torre de departamentos se ha usado “toda la fuerza del Estado y de la Fiscalía”.

Por su parte, José Ayala Michel, refirió que él acudió a la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) a hacer uso de su derecho para que no siga adelante una obra inmobiliaria que rebasa los límites que establece el Plan Parcial de Urbanización.

"Esta gente ha inventado desde huelgas y procesos penales en nuestra contra, nos han congelado cuentas, nos han bloqueado las propiedades. Es un proceso totalmente irregular armado desde el influyentismo, desde los intereses económicos e inmobiliarios. La persona que está moviendo todos los hilos son Rafael Orendáin Parra, íntimo amigo del gobernador”, señaló.

A la rueda de prensa se presentó Édgar Vázquez, abogado de los desarrolladores de la torre de Mar Tirreno, quien pidió que se tomara su opinión y ahí señaló que la contraparte los ha intentado extorsionar y les pidió 5 millones de pesos para dar por terminado el asunto y que con ello los colonos darían fin al expediente que mantiene detenida la obra.

“El modo de operar es que va y alega los juicios, derechos del medio ambiente o derechos de vivienda, a efecto de conseguir suspensiones y por otro lado, cita a los constructores o a través de los abogados de los constructores, pide dinero a cambio de desistirse de los juicios que inicio. En este caso, yo le puedo decir que a mi el abogado Huerta el defensor actual de Los Ayala, en la carpeta de investigación, el día de la mediación en la Fiscalía, me dijo: ‘mire abogado, yo creo que este asunto, con $5 o $6 millones lo terminamos”, expresó.

Los vecinos que se oponen a la torre de departamentos le piden a las diferentes autoridades que cesen en los actos de intimidación y se ciñan a la ley.