Guadalajara, Jalisco.

Debido a que no le tienen confianza a la Fiscalía de Jalisco, 47 organizaciones de la sociedad civil pidieron que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia que investigue y haga justicia por el asesinato de la abogada y defensora ambiental, Verónica Guerrero Vinueza, quien formaba parte del Colectivo de Vecinos de Urbi Quinta, quienes exigen el cierre definitivo del tiradero de Coyula.

La abogada fue ultimada a balazos el jueves 3 de febrero, a plena luz del día, en el Centro de Tonalá, cuando iba a abordar su vehículo.

Jesús Castolo, representante del Consejo Indígena Campesino (CIC) región Occidente, señaló que el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos no sirve, ya que asigna para la protección de los activistas a policías estatales.

“La táctica de Alfaro ha sido golpear no solamente a los defensores de derechos humanos, también a los luchadores sociales. Y en ese sentido, muchos de los que estamos aquí presentes vemos que los mecanismos que ha creado el Estado para la supuesta protección de defensores y periodistas ha sido rebasado. Digo esto porque varios de los que estamos aquí estamos dentro del mecanismo federal y varios no hemos aceptado que se nos dé protección por parte del Estado, porque sabemos de qué manera está coludido el Estado”, afirmó.

Los representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, como el colectivo de Defensa del Parque San Rafael, vecinos de Arcos de Guadalupe, Defendamos el Cerro de la Reina y los propietarios de talleres automotrices que se oponen a la verificación vehicular, señalaron que ellos también temen por su integridad física ya que han sufrido intimidaciones, amenazas y detenciones arbitrarias.

Abraham Gómez Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones Vehiculares, dijo que van a solicitar que la Cámara de Senadores forme una comisión para que investigue la situación de inseguridad que se vive en Jalisco.

“Voy a solicitar esta Comisión para que se investigue al Gobierno de Jalisco en varios temas, no sólo por el lamentable asesinato de la abogada de Urbi, sino también tener respaldo. Nosotros como activistas y defensores sociales, para que no se vuelva a repetir este escenario, junto con el caso del joven Eduardo Salomón de Tlajomulco, estamos hundidos en una inseguridad histórica, no solamente en Jalisco, sino en México”, expresó.

Raúl Argáez, activista del Colectivo Justicia para el Pueblo, manifestó que sufrió una detención ilegal y demandó la intervención del Gobierno federal, en concreto de la Guardia Nacional, en los casos de amenazas y hostigamiento contra activistas.

“Creemos que ya debe haber una intervención directa del Gobierno federal para poner un alto, porque este Gobierno estatal no hace nada. No vemos preocupación alguna por parar esta crisis humanitaria que hay en el Estado. Creemos que el Gobierno federal debe intervenir, junto con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para desaparecer los poderes o hacer algo contra este gobernador, porque ya es insostenible la situación de desgobierno que vivimos”, aseveró.

Después de hacer un pronunciamiento sobre el tema, los activistas acudieron a la delegación Jalisco de la FGR para pedir que el caso de la abogada Verónica Guerrero lo atraiga esa instancia federal.