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Preocupa el caso de 278 hectáreas que fueron excluidas, y son esenciales para la recarga de más de un millón de metros cúbicos de agua. Esa superficie en cuestión “son propiedad de distintos corporativos y empresarios que promueven distintos proyectos inmobiliarios que implican la destrucción de las mismas, por lo que ésta se mantiene como la única evidencia clara que explica el porqué estas zonas no fueron protegidas”, afirman los defensores del bosque.

La organización ciudadana menciona los siguientes proyectos inmobiliarios: el fraccionamiento La Cima, de Abelardo Garciarce Ramírez, dueño del grupo refresquero y de agua embotellada Consorcio AGA; el fraccionamiento San Lorenzo, propiedad de Luis Miguel Moreno Gómez, “que flanquea la misma cañada por el lado contrario a La Cima, desde Colinas del Rey”; el fraccionamiento Bosque Encantado, de Marco Antonio González Mora, sobre dos hectáreas.

El fraccionamiento Mirasierra, del fideicomiso BBVA Bancomer, “que pretende extraer más de un millón de litros cúbicos anuales y la construcción de un fraccionamiento de seis mil viviendas que cercaría al bosque y destruiría parte de él”, añaden. El fraccionamiento que impulsa el ejido Zapopan “sobre el área conocida como La Roblera, que ha provocado incendios, el derribo de docenas de árboles y el seccionamiento del bosque”.

Finalmente, el Parque de Investigación Científica y Tecnológica del Corporativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, “que pretende la destrucción de más de 17 mil árboles en una extensión de 51 hectáreas”, así como 32 hectáreas en el núcleo de El Nixticuil, “en el que existen intereses inmobiliarios por parte de los dueños del fraccionamiento ‘ecológico’ [sic] Los Guayabos”.

El respeto a esos fraccionamientos demuestra que el daño al patrimonio natural es nada al lado del peso de los intereses económicos, concluyen.

Con información de Agustín del Castillo