Guadalajara, Jalisco.

Las personas afectadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 se quejan de que desde comienzos de este año, no se les surten medicinas para sus enfermedades. Algunos son diabéticos o hipertensos y no pueden suspender los tratamientos, informó Lilia Ruiz Chávez, presidenta de la asociación 22 de Abril en Guadalajara AC.

El problema se genera porque el gobierno de Jalisco no ha firmado un convenio con el Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS), por lo cual los enfermos no han recibido todos los medicamentos que les corresponden durante enero y febrero.

Un grupo de 25 sobrevivientes del estallido del colector del sector Reforma, acudió a Palacio de Gobierno, para solicitar que se solucione el problema.

“Nosotros venimos porque no se ha podido solucionar la entrega de nuestros medicamentos en lo que va de año. Cerró la farmacia que nos los entregaba, se nos ha dicho que nos van a reintegrar a la entrega de los medicamentos en la farmacia del del Hospital General de Occidente, que ya habíamos recibido antes ahí y tuvimos muy buena atención y de un momento a otro y no sabemos por capricho de quien, nos sacaron”, manifestó Lilia Ruiz.

Ruiz Chávez y los lesionados del 22 de abril dieron a conocer que algunos de ellos deben consumir diversos medicamentos al mes. Sin embargo, la mayoría apenas recibieron 1 o 2 medicinas, lo que “es insuficiente”.

”No se nos da lo que requerimos, porque unos tienen recetados 12, o 15 medicamentos para el mes. De esa cantidad, solo les dan 1 o 2 y eso no es suficiente y los casos se están agravando. Los diabéticos no tienen insulina, los hipertensos no tienen el medicamento que se requiere”, puntualizó.

El FIASS atiende a 150 personas, de los cuales 62 son sobrevivientes de la tragedia de 1992 y los 88 restantes son familiares directos de los afectados.

Lilia Ruiz se quejó de que durante 40 minutos los tuvieron afuera de Palacio de Gobierno, ya que los guardias estatales los identificaron como parte de la agrupación 22 de Abril AC. Incluso, se les impidió el ingreso al edificio público, pese a que dijeron que querían usar los sanitarios o simplemente ver los murales de José Clemente Orozco.

Al final, fueron atendidos por Fernando Preciado López, subsecretario de Gobierno, quien les prometió que el tema será resuelto.