Washington, Estados Unidos.
Estados Unidos impuso sanciones económicas a tres personas y 13 empresas mexicanas vinculadas "directa o indirectamente" a un fraude del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente en Puerto Vallarta (oeste), informó este jueves el Departamento del Tesoro.
"El cártel CJNG, un importante traficante de narcóticos como el fentanilo ilícito hacia Estados Unidos,
Genera ingresos sustanciales para su empresa criminal multifacética a través de su red de fraude de tiempo compartido", asegura la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, citada en un comunicado.
- Con frecuencia este fraude va dirigido a "estadounidenses de edad avanzada" y puede acabar con "los ahorros de toda una vida", añadió.
Existen distintos fraudes de tiempo compartido, pero a menudo consiste en decir a los dueños de propiedades de tiempo compartido que tienen a potenciales compradores o hacerles ofertas de compra no solicitadas, y en cuanto las aceptan les piden un pago por adelantado asegurándoles que se lo devolverán cuando cierren la operación.
Tras efectuar varios pagos, los propietarios se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias y que han perdido el dinero.
La operación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se llevó a cabo en coordinación con el gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera, informa Washington en un comunicado.
Entre los sancionados figuran:
- Teresa De Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras.
Las 13 compañías sancionadas son el grupo empresarial Epta, Assis Realty and Vacation Club, Axis Sale&Maintenance Buildings, Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, Condos&Vacations Buildings Sale& Maintenance, Grupo Minera Barro Pacífico, S.A.P.I. de C.V., International Realty&Maintenance, Mega Comercial Ferreléctrica, Real Estates & Holiday Cities, Terra Minas e Inversiones del Pacífico, Banlu Comercializadora, Crowlands y Skairu.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.