Ciudad de México, México. 

La organización Propuesta Cívica expresó este miércoles su “profunda indignación” por la “persistente criminalización” contra el periodista mexicano Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, luego de que un juez retiró la imputación por terrorismo, pero mantuvo otras acusaciones y le impuso prisión domiciliaria por un año en el occidental estado de Veracruz.

Detalles confirmados sobre la detención y proceso judicial

En un comunicado, Propuesta Cívica sostuvo que, aunque el “absurdo cargo por terrorismo” fue desestimado mediante un auto fechado el 30 de diciembre, la continuidad del proceso

por presunto “encubrimiento por favorecimiento” y “delitos contra las instituciones de seguridad pública”

representa, a su juicio, una “continuación de la persecución” contra el ejercicio periodístico en esa entidad.

La ONG recordó que León Segovia fue detenido el 24 de diciembre en Coatzacoalcos, Veracruz, durante un operativo en el que participaron policías y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y afirmó que en el procedimiento se reportaron “irregularidades graves”, incluida la presunta sustracción de efectivo y de un vehículo.

“El periodismo no es terrorismo”

Propuesta Cívica afirmó que la Fiscalía General de Veracruz sustentó sus acusaciones en coberturas del periodista sobre violencia e inseguridad, al presentarlas como “prueba” y argumentar que la rapidez con la que llegaba a los hechos era “un indicio de conocimiento previo” de actividades criminales.

Según el comunicado, el juez de control determinó que

“no existía vínculo alguno” entre el comunicador y “estructuras delictivas”, por lo que desestimó la imputación por terrorismo.

Sin embargo, la organización aseguró que la audiencia estuvo marcada por “inconsistencias, falta de argumentos sólidos e irregularidades” en la actuación ministerial.

Acciones y pronunciamientos de autoridades y organizaciones

En contexto, León Segovia, que escribe para la página en Internet "Noticias con Lafita León", fue acusado de "encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública",

por recibir supuestos pagos de 30.000 pesos (unos 1.500 dólares) por difundir noticias de asesinatos

y publicar mensajes violentos bajo supuestas "instrucciones de grupos criminales".

Llamado a la Fiscalía

Propuesta Cívica exigió a la Fiscalía General de Veracruz retirar “inmediatamente” los cargos restantes, “reparar completamente” los daños patrimoniales causados durante la detención y ofrecer “disculpas públicas” por el trato recibido.

Además, urgió a fortalecer mecanismos de control y supervisión de la Fiscalía estatal y a realizar una investigación “integral e imparcial” por presunta conducta abusiva.

El caso también ha generado pronunciamientos de organizaciones de libertad de expresión, como el colectivo Artículo 19 que condenó que, pese a desecharse el terrorismo, se consolidara la criminalización al mantener al periodista vinculado a proceso por encubrimiento, en una audiencia señalada por “múltiples inconsistencias”.

También se sumó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien el 29 de diciembre pidió a la Fiscalía de Veracruz aclarar la detención y explicar por qué se imputó terrorismo.

“No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, además de defender la libertad de expresión “por encima de todo”, según dijo en su conferencia de prensa.

Propuesta Cívica agregó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dado “seguimiento puntual” e instó a garantizar el debido proceso, mientras la organización advirtió que, además de los homicidios contra periodistas, se está sumando una “criminalización judicial” mediante figuras penales graves como el terrorismo o lavado de dinero.