El “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde”, que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, firmaron el pasado 30 de junio, ocasionaría graves afectaciones en la producción pecuaria y agropecuaria de la zona norte del estado de Jalisco, así lo afirmó el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez

Márquez Gutiérrez afirma que en dicho acuerdo, no se contempló al sector agrario de pequeños y medianos empresarios que producen en el territorio de la región Altos de Jalisco, que se posiciona como la primer región agropecuaria del país:

“Aproximadamente el 80% de los productores son entre pequeños y medianos y producen un 20% de la producción, pero en generación de empleos y en autoempleo, destruir o afectar a un tejido social tan rico y tan importante en número es una catástrofe para la región y va a ocasionar problemas sociales serios”.

Uno de los mayores problemas, se refiere a que las condiciones geográficas bajo las que se realizó el decreto de 1995 con el que se sustenta dicho acuerdo, no han sido actualizadas. La Comisión Nacional del Agua anunció recientemente en el Diario Oficial de la Federación que los mantos acuíferos que alimentan a la cuenca del Río Verde están sobre explotados.

“Primero debemos considerar que no es un agua que está disponible. El Río Verde es un río que ya no es perenne: no tiene agua corriente todos los meses del año, se interrumpe en algunos puntos y esto demuestra que el agua que se pretende almacenar en la presa de El Zapotillo es agua de lluvia. Cuando hicieron el decreto de 1995 hicieron estudios muy superficiales, de hecho, los datos que utilizaron son de 1950 a 1981”, añadió Márquez Gutiérrez.

Además el acuerdo se sustenta con otras irregularidades en las leyes que se utilizaron para su aprobación. El coordinador del Observatorio asevera que el decreto no contempla tampoco la ley del derecho humano a la alimentación, actualizada en el artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que garantiza los derechos de los agrarios sobre el cultivo y la gestión de alimentos, entre ellas el derecho al agua para producción, lo que con dicho acuerdo interestatal, la perforación de pozos en el campo sería considerado como delito legal, entre otras:

“Municipios como Lagos de Moreno que tiene más gente en el campo serían de los más afectados porque no hay más concesiones de agua subterránea desde hace tiempo, no las ha habido tampoco de agua superficial y en este escenario de esta cuenca sobrestimada a su capacidad real, pues obviamente tendrían menos posibilidades para tener este líquido”.

En el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco aseguran que ya se ha solicitado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cancele los decretos de 1995 y 1997, al considerarse obsoletas:

“Porque atentan sobre los derechos que ya mencionamos pero que además se expida un nuevo decreto donde declare zona de interés público la cuenca del Río Verde en los Altos de Jalisco y se declare además zona prioritaria para producción de alimentos a los Altos de Jalisco para que de esta manera puedan tener una garantía”.

Márquez Gutiérrez comenta que reformar estos decretos sería la única manera de seguir garantizando el derecho de la producción alimentaria, luego de la reciente aprobación a dicho Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde:

“Lo extraño es que la Ley de Aguas Nacionales indica que debe haber una proporcionalidad en la administración del agua, y en este caso aplica que si Guanajuato tiene un poco más del 6% de su territorio dentro de la Cuenca del Río Verde, esa es el agua sobre la que tendría derecho, pero en este caso le dieron el 24% de la producción y a Jalisco el 76%”.