Guadalajara, Jalisco

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha calificado como "vergonzosa" la reciente recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lejos de ser un mecanismo de justicia, la organización asegura que el documento busca exonerar a las fuerzas armadas y atacar a quienes han acompañado a las víctimas durante años.

María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, señaló que el organismo autónomo ha perdido su capacidad de actuar como un contrapeso frente al poder, alineándose con la narrativa oficial del Estado. Al respecto, destacó la omisión deliberada de las responsabilidades castrenses: 

“Exime de toda responsabilidad a las fuerzas armadas en un caso donde además está muy documentado su relación, al menos de algunos elementos del ejército, con el grupo criminal que controlaba la zona de Iguala cuando se llevaron a cabo las desapariciones".

La gravedad de esta recomendación radica no solo en la falta de avances en la búsqueda de la verdad, sino en la hostilidad explícita hacia las organizaciones civiles y los expertos internacionales que han trabajado en el esclarecimiento de los hechos.

El documento de la CNDH dedica una cantidad significativa de menciones a deslegitimar a colectivos como el Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz, utilizando narrativas de supuesta injerencia extranjera.

Sobre este patrón de ataques, Aguilar puntualizó:

“Esta narrativa que vemos a lo largo de la recomendación en la que se habla de injerencia extranjera, de intervencionismo, de una ideología detrás del querer exigir que haya rendición de cuentas de parte de las fuerzas armadas, nos debería de preocupar en mayor medida, porque este es un guion de muchos países en la región".

• Este posicionamiento de la CNDH ha generado una ola de críticas, al interpretarse como un intento de blindar al Ejército y silenciar las demandas de las familias de los normalistas, quienes ven en este documento un acto de revictimización y un retroceso en el acceso a la justicia.