Guadalajara, Jalisco. 

Hace un mes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, justificó que si funcionarios de la Fiscalía del Estado detuvieron y desaparecieron forzadamente a casi 100 personas el 5 de junio, en el marco de las protestas por la ejecución de Giovanni López, lo hicieron porque el crimen organizado está infiltrado entre los policías investigadores.

Tal afirmación pública del gobernador obligó a las organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género a Mujeres (AVGM) a llamar la atención del Observatorio Nacional del Feminicidio, pues el fracaso de la Alerta en Jalisco es claro y se debe, no a la falta de capacitación o sensibilización del personal que opera los mecanismos de prevención y protección a las mujeres víctimas de violencia, sino por la ingobernabilidad del mandatario.

Patricia Ortega forma parte de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, organización peticionaria que forma parte de la mesa de seguimiento, explica a Señal Informativa por qué llaman la atención a nivel nacional.

"Poner el énfasis en el reconocimiento público que hace el gobernador de que está fuera de control, que la Fiscalía está infiltrada, que dentro de la Fiscalía funciona el crimen organizado, todas estas referencias a las que hizo él mismo alusión, pensamos que todavía es más alarmante para el tema que nos ocupa a nosotras como organizaciones en la alerta; el actuar de la Fiscalía, del personal fue magistral en el tema de la tortura y violencia que aplicaron a las personas que detuvieron de manera arbitraria".

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió para 2020, 4 millones de pesos que debe usar para operar la Alerta de Violencia de Género y la Fiscalía del Estado según el rubro 955 de la partida presupuestal 16 que corresponde a la institución solo en el tema de género, recibió para 2020, 73 millones 583 mil pesos para investigación y persecución de delitos cometidos contra mujeres, niños y adolescentes. A esto se suman 62 millones 265 mil pesos para atender denuncias recabadas en la Unidad de Atención Temprana contra las mujeres.

Aunque el Gobierno del Estado no ha logrado definir una cifra única sobre las víctimas de desaparición forzada a manos de la Fiscalía el 5 de junio, los relatos publicados en medios de comunicación revelan que mínimo del centenar que se sabe, 40 fueron mujeres que sostienen haber sufrido, por lo menos, tratos crueles y tortura psicológica del personal de la dependencia de seguridad.

Ante esa realidad, la activista y académica Patricia Ortega, de Ddeser, junto a Calle sin Acoso, Cladem, Coleta y Yocoyani, que son las organizaciones peticionarias que hacen la observación de cómo el gobierno implementa la Alerta de Violencia de Género a Mujeres, explica la indignación y preocupación sobre lo que pasó y la forma como el gobernador justifica las violaciones graves a los derechos humanos.

"Nos plantea un escenario terrible, las mujeres a las que nosotras hemos insistido en llevar a las instituciones para que pongan la denuncia, que soliciten orden de protección, que den sus datos personales, que entreguen sus teléfonos para que puedan constatar los números de los cuales reciben llamadas, es personal que puede estar ligado al crimen organizado, imagina la gravedad de poner en manos de este personal a mujeres en situación de vulnerabilidad; queda claro que las reuniones que hemos tenido, el insistir que esa parte no es así, esa parte va así, el tiempo dedicado es inútil. Que se va a resolver con sensibilización, que es la cultura no: hay otro plan que tiene otro jefe".

El comunicado de prensa puntualiza que hasta abril del 2020 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio lleva registrados mil 97 delitos sexuales en Jalisco, de los cuales 757 son abusos a menores de edad, 85 denuncias de acoso, 24 por hostigamiento, 128 por violación sexual, 38 violaciones equiparadas y 65 denuncias por otros delitos sexuales.

Los 2 mil 184 hechos denunciados formalmente en la Fiscalía del Estado pueden caer en manos de los policías que según el gobernador “no siguieron sus órdenes” y están vinculados al crimen organizado, por ello la representante de Ddeser cuestiona al gobernador cómo van a seguir cada paso de la Alerta con este contexto.

"Pero que un gobernador lo reconozca públicamente es otra cosa, es otro nivel, porque muchos estados están en una situación crítica igual que Jalisco pero no ha habido un reconocimiento de la máxima autoridad en el estado de `tengo al crimen organizado en la Fiscalía` y luego decirnos que sigamos llevando a las mujeres a la Fiscalía, que vayan en busca de un albergue, de justicia, de una aclaración, un litigio de custodia de hijos, de pago de manutención ¿es en serio?".

Justicia y Derechos Humanos y Género y Católicas por el Derecho a Decidir son las otras dos organizaciones civiles que respaldan la petición de que el gobernador deje de simular, revise a la Fiscalía y se emprendan sanciones. Le pregunto por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, si cuentan con el respaldo ante su postura después de las declaraciones de Enrique Alfaro sobre la ingobernabilidad y esto cuenta a Señal Informativa.

"Pero de las compañeras que han acudido no ha habido una mención de nada, como si nada hubiera pasado; que la Secretaría de Igualdad Sustantiva considere que te levantes y sigue tu día como si nada hubiera pasado, como si las mujeres que fueron detenidas ese día por la Fiscalía se merecieran ese trato, como si no se hubiesen cometidos crímenes de

lesa humanidad".

Jalisco tiene dos alertas de género, una emitida por el Gobierno del Estado que alcanza 11 municipios y la emitida por el Gobierno Federal, ambas destinan recursos para la Fiscalía del Estado. Ya se cumplirán tres años de estar bajo esta política que califica al estado como uno de los seis más violentos contra las mujeres y bajo la tutela de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependencia que no se ha pronunciado en sintonía con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio por los hechos del 5 de junio.