Guadalajara, Jalisco.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, el Colectivo de Mujeres en Puerto Vallarta, Cladem y la Red yo voy 8 de marzo, exigen al Gobierno de Jalisco, garantizar la seguridad de Sandra Quiñones y la periodista Susana M. Carreño, de Puerto Vallarta, y de la labor que realizan con total libertad, seguridad y protección.

Indican que en el contexto de violencia y la falta de actuación diligente y oportuna por parte de la Fiscalía Estatal ahondan la situación de riesgo en la que defensoras y periodistas realizan.

En Jalisco, de acuerdo con el Registro de datos realizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, en 2020 fueron cometidas 52 agresiones en contra de defensoras y periodistas, en 2021 se reportan 41 y de enero a mayo de 2022 se han ejecutado un total de 5.

“Urge la revisión y reformulación de la política de seguridad pública nacional, así como de los estados. La violencia generalizada debe ser contenida y no dar más espacios a la impunidad”, establecen a través de un comunicado estas organizaciones.

Además, piden una investigación y sanción para los responsables materiales e intelectuales y protección y reparación de daños a las defensoras y periodistas.

Las organizaciones muestran su preocupación ante la expresión anticipada del gobernador Enrique Alfaro, de que la agresión en contra de Susana Carreño fue “intento de robo”, en este sentido conminan al Gobernador y la Fiscalía Estatal para que en la carpeta de investigación se considere la labor de la periodista y se omitan las expresiones:

“Sin sustento que desvirtúan los hechos y minimizan la preocupante situación existente; ya que igualmente en el caso de la defensora Sandra Quiñones, quien fuese agredida hace unas semanas, la Fiscalía ha tratado los hechos como un intento de robo”.