Organismos se solidarizan con integrantes de Un Salto de Vida
Entrevista Cosa Pública 2.0 con Alan Carmona, del Colectivo Un Salto de Vida




Ocotlán, Jalisco

Diversos organismos en pro de los derechos ambientales, han manifestado su preocupación por la presunta agresión que sufrieron integrantes de Un Salto de Vida, ya que un vehículo propiedad de esta asociación fue incendiado, quedando como pérdida total.

La Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, condenaron “la cobarde agresión en contra de nuestros compañeros miembros del Colectivo Un Salto de Vida, en El Salto, Jalisco, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, el día 10 de abril a la 1:15 de la mañana, cuando estando estacionada en un domicilio particular de miembros del colectivo, fue incendiada la camioneta en la que realizan habitualmente su trabajo en favor del río Santiago y la lucha de los pueblos circundantes”, detallaron.

Agregaron que hacen suyas las justas demandas del colectivo Un Salto de Vida, por lo que exigieron la cancelación del proyecto inmobiliario denominado El Mirador y el robo del agua en el acuífero Toluquilla, exigieron también el cierre definitivo del basurero Los Laureles y la cancelación del proyecto termoeléctrico llamado La Charrería; problemáticas contra las que Un Salto de Vida se ha manifestado.

Por su parte el Comité en defensa del Bosque Nixticuil denunció que “esta no es la primera vez que la comunidad de Un Salto de Vida es amenazada y reprimida por sus acciones de casi dos décadas en defensa del territorio y la vida del Río Santiago, contaminado por el desarrollo industrial de El Salto y Juanacatlán con la complicidad del Estado Mexicano”, explicaron mediante un comunicado.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala pidió que cesen las agresiones contra las y los integrantes de Un Salto de Vida y señaló que se debe atender de manera urgente esta situación, ya que estamos en un país donde las agresiones y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y del territorio, son muy graves.