Nueve militares esperan fallo por muerte de seis indígenas en Guatemala
Un tribunal de Guatemala dictará la sentencia en el juicio a nueve militares acusados de matar a seis indígenas durante el desalojo de una ruta bloqueada el 4 de octubre de 2012, en un caso conocido como la Masacre de la Cumbre de Alaska. JOHAN ORDONEZ / AFP




Ciudad De Guatemala, Guatemala.

Un tribunal de Guatemala dictará este miércoles la sentencia en el juicio a nueve militares acusados de matar a seis indígenas durante el desalojo de una ruta bloqueada el 4 de octubre de 2012, en un caso conocido como la "Masacre de la Cumbre de Alaska".

El coronel Juan Chiroy, el sargento Edin Agustín y siete soldados son acusados de haber disparado a los manifestantes que mantenían bloqueada la carretera Interamericana en protesta por el aumento de la tarifa de energía eléctrica y otros reclamos sociales.

Seis hombres de la etnia maya k'iche' murieron en este hecho ocurrido bajo el gobierno del entonces presidente derechista Otto Pérez (2012-2015), condenado en 2022 a 16 años de cárcel por corrupción, en lo que líderes indígenas describen como la primera masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad tras el fin de la guerra civil (1960-1996).

También resultaron heridas más de 30 personas, pero los militares solo fueron juzgados por lesiones a 14 personas.

"Pido justicia y reparación porque los soldados mataron a nuestros esposos", dijo a la AFP Celestina Aguilar, de 50 años, viuda de Jesús Puac, uno de los seis fallecidos.

El hecho ocurrió en el sitio conocido como la Cumbre de Alaska por la altitud y el clima frío en ese tramo de la ruta entre los departamentos de Totonicapán y Sololá, a unos 100 km al oeste de la capital.

La última audiencia fue abierta la mañana del miércoles por la jueza presidenta del tribunal, María Eugenia Castellanos, quien dijo que la sentencia será anunciada por la tarde.

"Mi petición es que me absuelvan [...], porque yo lo que vi en esta audiencia es que no pueden comprobar que cometí un delito", dijo al tribunal el soldado Abraham Gua, de 37 años, quien se identificó como indígena maya poqomchí.

Poco después, la jueza Castellanos cerró los debates y convocó a las partes a las 15H30 locales (21H30 GMT) para escuchar el fallo del tribunal.

Los nueve militares permanecen bajo arresto domiciliario y con prohibición de salida del país.

  • Antes de la audiencia, unos 50 indígenas hicieron una breve ceremonia maya, con flores y velas encendidas, afuera de los tribunales.

"Derramaron mucha sangre" 

El juicio inició el 15 de junio pasado en un tribunal de casos de alto impacto de la capital, tras casi 11 años de espera debido a recursos que fueron atrasando el proceso.

Los nueve militares enfrentan cargos por "ejecución extrajudicial" y "ejecución extrajudicial en grado de tentativa" (por los heridos) y arriesgan condenas de entre 20 y 50 años de prisión.

"No se borra de mi corazón todo lo que ha pasado, estamos sufriendo y lo que queremos es justicia y los queremos condenados porque ellos llegaron a masacrar a mi esposo, derramaron mucha sangre", indicó María Yax, de 45 años, vestida con su colorido traje regional.

El esposo de Yax, José Puac, era un zapatero de 33 años que junto a miles de lugareños protestaba por el incremento a la tarifa de la luz y otras demandas.

Los otros cuatro fallecidos son Félix Sapón, Santos Hernández, Rafael Batz y Jesús Caxaj.

En el juicio declararon más de 90 testigos, la mayoría lugareños, se presentaron unos 300 documentos y hubo casi 30 peritajes forenses.

"Creemos que hay prueba suficiente" para una sentencia condenatoria, dijo la abogada Jovita Tzul, que representa a las familias de las víctimas.

Tzul señaló que aunque estaba previsto que testificaran más de 180 personas, muchas fallecieron, algunas emigraron a Estados Unidos por la pobreza y otras ya no colaboraron "por miedo e intimidaciones".

 "Tienen que pagar" 

La defensa de las víctimas busca que el tribunal ordene también medidas de reparación y que prohíba que los militares repriman manifestaciones.

"Cambió mi vida, ya no pude seguir mis negocios, mi trabajo [de confección de textiles]. Nos tienen que reparar este daño que hicieron con nosotros", indicó Enrique García, de 52 años, quien ahora se desplaza en silla de ruedas tras perder la pierna derecha por una herida de bala.

"Si no se hace justicia hay una justicia divina y ellos tienen que pagar", agregó García ante la posibilidad de que los militares sean absueltos. "Delante de Dios ellos tienen manchadas sus manos de sangre porque mataron a nuestros compañeros", fustigó.