Ciudad de México, México.

México no tuvo avances significativos en el último año en cuanto a respeto al Estado de Derecho, reveló este jueves un estudio elaborado por el World Justice Project (WJP), el cual identificó la corrupción, la seguridad y la justicia penal como áreas prioritarias que requieren atención en el país.

Por segundo año consecutivo, México mantuvo una calificación de 0,45 de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2019 elaborado por WJP, en una escala que va de 0 a 1 y en la que 1 significa la mayor adherencia al Estado de Derecho.

"Esto refleja que no ha habido cambios importantes, que no hay mejoras muy grandes", dijo a Efe Jorge Morales, investigador de WJP y coautor del estudio.

México se situó en el puesto 99 de 126 países evaluados (1 es la mejor posición), lo que representó una caída de dos puestos que Morales atribuyó en parte a que "dos países mejoraron relativamente".

El índice es una evaluación sobre la adherencia al Estado de Derecho en el mundo desde una perspectiva ciudadana. Los puntajes se calcularon con base en encuestas en 120 mil hogares y a 3 mil 800 expertos en 126 países.

Se mide el desempeño de los países utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal.

"En México fuimos a encuestar a las tres principales ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (entre 2017 y 2018), a una muestra aleatoria de mil personas de población general, y el número de expertos es un poco menor a 50 en todo el país", indicó Morales.

Por su parte, Leslie Solís, también coautora de la investigación, explicó a Efe que para obtener el índice se realizan encuestas a la población general con preguntas sobre percepción de corrupción, sensación de seguridad, acceso a la Justicia y otros aspectos.

En cuanto a los expertos, refirió que son especialistas en derecho penal, laboral y civil, así como en salud pública.

"A ellos les hacemos preguntas más específicas. Por ejemplo, sobre cumplimiento regulatorio, una persona común no tendría porqué saber cosas tan detalladas; entonces complementamos nuestra información con esos análisis" de expertos, indicó.

Solís señaló que cuando se compara a México con países similares tanto por región como por nivel de ingreso, esta nación "tiene muchos retos".

Precisó que de los 30 países de la región América Latina y el Caribe incluidos en el Índice, México está en la posición 26 de 30, y en el puesto 35 de los 38 países de ingreso medio alto. "Esto indica que en México hay muchas áreas de oportunidad, o muchos espacios para mejorar", expuso.

"Sí hay muchas debilidades hoy, pero las vemos como oportunidades para mejorar si se utiliza esta información para guiar las políticas públicas, y para tomar decisiones con base en evidencias", sostuvo.

Al respecto, Morales señaló que las principales áreas que se identificaron como prioridades para abordar en política pública son la corrupción, la seguridad y la justicia penal.

En el factor de Ausencia de Corrupción y en el de Orden y Seguridad, México se ubica en la posición 117 de 126 países incluidos en el Índice.

En Justicia Penal, ocupa el lugar 115 de 126 países en la clasificación global.

Las cifras relativas a corrupción son aún peores en las clasificaciones regional (puesto 29 de 30) y por nivel de ingreso (38 de 38), al igual que ocurre en el apartado de orden y seguridad (29 de 30 regional y 37 de 38 por nivel de ingreso).

El factor mejor calificado fue Gobierno Abierto, en el que México se ubicó en la posición 35 de 126 países en la clasificación global (7 de 30 en la regional y 6 de 38 por nivel de ingreso).

"En general vemos que México enfrenta un gran reto este año, con este cambio de Administración", dijo Morales, aludiendo al traspaso de la Presidencia del país de Enrique Peña Nieto (2012-2018) a Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre.

Para el investigador, esta evaluación "permite hacer un corte de cómo estamos acabando este periodo presidencial, y sirve de punto de referencia para los cambios que vienen".

World Justice Project es una organización civil internacional multidisciplinaria con sede en Estados Unidos que tiene el objetivo declarado de "fortalecer el Estado de Derecho en el mundo".