Yucatán, México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este sábado a llevar a cabo consultas en comunidades indígenas antes de iniciar las concesiones para la construcción del Tren Maya, en el sureste del país, y si el proyecto es rechazado, lo cancelará.

En su gira por el estado de Quintana Roo, frente a decenas de ejidatarios mayas, el mandatario aseguró que si los resultados arrojan una negativa al megaproyecto del ferrocarrilero de 1 mil 475 kilómetros de extensión y que atravesará cinco entidades del sureste de México, respetará la decisión.

"Si la gente dice vamos, vamos; si la gente dice no, no vamos, pero que sea la gente la que decida", dijo López Obrador en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto.

Para ello, López Obrador comprometió al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y a su director, Adolfo Regino Montes, presente en el acto, a realizar las consultas "lo más pronto posible".

Además, dijo que si la oposición retrasa con amparos la obra, como ocurrió con el Aeropuerto de Santa Lucía, y el gobierno estima que será imposible concluirla antes de que acabe el sexenio "no la iniciarán", pues "no quiere dejar obras inconclusas".

"No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, si por mezquindades comiencen a llover los amparos, y se detenga la obra, y que no la terminemos en tres años, si es así, mejor no la iniciamos porque no voy a dejar una obra inconclusa", dijo.

La presencia de López Obrador atrajo a representantes ejidales, quienes le exigieron el pago de millonarias indemnizaciones por expropiaciones de tierras suscitadas años atrás.

El pago de los adeudos es una de las condiciones para que los ejidatarios accedan a la construcción del Tren Maya.

"Hace 20 años -contó Ponciano Genaro Martín Esquivel, miembro del Consejo Nacional de Comunidades Indígenas- cuando construyeron la carretera 307, que cruza todo el estado, desde Chetumal hasta Puerto Juárez, expropiaron unas 200 hectáreas ejidales sin compensar con las indemnizaciones correspondientes".

Por las tierras expropiadas hace dos décadas de parte de los ejidos Felipe Carrillo Puerto, Xmaben, Hazil, Zun Yax Chen, Chac Choben y Andrés Quintana Roo la asamblea pide 200 millones de pesos, unos 10 mil 4 millones de dólares.

Será el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) quien fije el precio final.

La exigencia está por escrito y será entregada a López Obrador de la mano de Clemente Pot Varela, comisario ejidal de Felipe Carrillo Puerto.

Otra de las exigencias de parte de 31 ejidatarios de Felipe Carrillo es que el gobierno federal compre la madera que podría usarse para la fabricación de más de un millón de durmientes necesarios para el Tren Maya a estos ejidos forestales, quienes cuentan con certificación internacional de producción sustentable.

Todos los representantes de los ejidos mencionados declararon estar a favor de la construcción del Tren Maya.

La petición es que, en caso de expropiar tierras, se indemnice a un precio justo.

En cuanto a formar parte de la Fibra, un modelo donde el ejidatario pone la tierra y los empresarios la inversión, mostraron una negativa.

El Tren Maya junto con el Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México son los proyecto insignia en infraestructura del Gobierno de López Obrador.