México, México

Las familias de los 61.367 desaparecidos en México afrontan ahora nuevas trabas para encontrar a sus seres queridos: la pandemia de la COVID-19 ha frenado los operativos sobre el terreno y planea el fantasma de los recortes gubernamentales en organismos claves.

"Con la pandemia nuestro ritmo cambió totalmente, drásticamente", explicó a Efe Leticia Hidalgo, de la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, una organización que se vio obligada a cesar en su acompañamiento presencial a las familias y a cortar de raíz las reuniones en las diferentes instituciones de búsqueda.

Para la búsqueda sobre el terreno, que estos familiares de la norteña ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, llevaban a cabo cada fin de semana, tampoco hay lugar: las fuerzas de seguridad imprescindibles para estas tareas ya no les acompañan por el confinamiento.

"Era reunirnos a las ocho de la mañana, esperar a que llegáramos todos los que vamos a búsqueda, subirnos a un transporte común, un camión o una camioneta, y salir a campo con nuestras varillas, nuestras palas, nuestro GPS y nuestro dron", precisó Hidalgo sobre esas búsquedas ahora congeladas sin fecha de regreso.

Esta madre vio desaparecer a su hijo, Roy, en 2011, según denuncia a manos de la policía, y no ha vuelto a saber nada del chico de 18 años que se llevaron.

Con las oficinas y algunas instituciones cerradas, esta asociación intenta seguir con las tareas administrativas a distancia, lo que les obliga a "empujar con más fuerza" para conseguir la atención de las instancias.

"Con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y con la Fiscalía de Desaparecidos es con quien hemos estado trabajando en estos meses de confinamiento", precisó.

Otra madre, Yolanda Morán, confirmó en una entrevista la parálisis de las búsquedas sobre el terreno, un tiempo aprovechado por el colectivo al que ella pertenece, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, "para tener cursos, talleres y conversatorios" orientados a las familias y a los organismos implicados, que "siguen revisando expedientes".

"El titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván, tuvo conversatorios con los colectivos explicándonos el método de trabajo que han tenido que implementar con esta contingencia", reveló Morán, cuyo hijo desapareció en 2008 por obra de militares en Torreón, en el norteño estado de Coahuila.

La emergencia sanitaria no ha detenido la violencia que azota México, y el pasado domingo fue el día más violento en lo que va de año, con 117 homicidios en 24 horas, por encima del promedio anual de 80,7 asesinatos diarios.

Morán destacó otro efecto colateral de la pandemia: una vez iniciado el confinamiento, caló el nerviosismo y la desesperanza en los familiares de desaparecidos, que veían como el Gobierno "no daba el interés que debiera al tema desaparecidos", sentimientos que fueron remitiendo al ver los efectos para la salud de la pandemia.

Más allá de las afectaciones directas derivadas de la COVID, las asociaciones de familiares de desaparecidos están preocupadas por lo que pueda pasar con el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tras el decreto de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador publicado en abril.

Ese recorte generalizado no afecta a los organismos encargados de velar por los derechos humanos, según recoge el mismo decreto, pero la CEAV emitió un comunicado la semana pasada en el que advertía que las medidas de austeridad "paralizarán su funcionamiento".

López Obrador negó la información de dicho boletín y, cada vez que ha sido preguntado, ha insistido en que su tijerazo no abarca ni a la CEAV ni a ninguna institución con causas similares, pero sus explicaciones no acaban de tranquilizar a las asociaciones de familiares de desaparecidos.

"El comunicado nos mortificó mucho, nos angustió mucho. No tanto por la cuestión económica, sino porque no podían desmantelar de un momento a otro algo que nos costó tanto que existiera. No contamos con otra cosa", reflexionó Hidalgo.

Por su parte, Morán coincidió en que "algo hay" detrás de esa declaración de la CEAV pese a la protección legal contra este recorte, por lo que exigió una precisión a las familias de lo que está ocurriendo con el presupuesto de la CEAV.