Berlín.

La corrupción es una de las principales causas que alimentan los delitos medioambientales y frenan la lucha contra el cambio climático en América Latina, donde todos los países, salvo tres, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado este martes por Transparencia Internacional (TI).

 Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 76, 63 y 58 puntos, respectivamente, con cien puntos como la mejor puntuación posible.

Son los únicos tres países de América Latina por encima de los 50 puntos, según el IPC correspondiente a 2024.

Uruguay y Costa Rica consiguen además sumar tres puntos respecto al informe del año anterior, mientras Chile pierde otros tantos

A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 10 puntos -antepenúltima sólo por delante de Sudán del Sur y Somalia- y Nicaragua, con 14 -en el puesto 172 de 180 países-. Ambos países pierden tres puntos.

• Por debajo de los 50 puntos se colocan, además, Honduras (22, un punto menos), Paraguay (24, cuatro menos), Guatemala (25, dos más), México (26, cinco menos) Bolivia (28, uno menos), El Salvador (30, uno menos), Perú (31, dos menos), Ecuador (32, dos menos), Panamá (33, dos menos), Brasil (34, dos menos), República Dominicana (36, uno más), Argentina (37, sin cambios), Colombia (39, uno menos) y Cuba (41, uno menos).

 Delitos medioambientales y asesinato de activistas que los denuncian

Según el informe de TI, la debilidad de las instituciones y la falta de transparencia permiten que el crimen organizado controle vastas áreas de la región de las Américas -que incluye 32 países-, donde explota recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias para el medioambiente, y lo hace con total libertad de acción e impunidad.

Esto facilita los delitos ambientales, como la tala ilegal en Ecuador, la minería ilegal en Chile y Colombia, y el tráfico de flora y fauna silvestres en Brasil, agrega la ONG con sede en Berlín.

• A lo largo de la región de las Américas, cuya puntuación promedio es de 42 sobre 100 -un punto menos respecto a un año atrás y uno menos que el promedio global-, estas actividades se sostienen gracias a la corrupción y el lavado de dinero, que implican asimismo a las élites políticas y económicas, que recurren a fraudes en contrataciones públicas, sobornos y a la manipulación de políticas ambientales para su propio beneficio.

Así, en Brasil, por ejemplo, un informe reciente identificó 24 casos de fraude, corrupción y lavado de dinero derivados del tráfico de vida silvestre y en Perú, expertos señalan que la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 2024 fomentará la deforestación ilegal y responde a intereses particulares.

Además, prácticamente el 80 % de los 1.013 asesinatos de defensores ambientales cometidos desde 2019 tuvieron lugar en las Américas (794) y, en particular, en Brasil, Colombia y México, lo que la convierte en la región más peligrosa para estos activistas, destaca el informe.

En Honduras, investigaciones recientes revelaron la participación coordinada de empresarios, políticos y el crimen organizado en al menos tres asesinatos de defensores ambientales, que habían expuesto esquemas de corrupción que implicaban a estos actores.

Avances y retrocesos

Por otra parte, el informe destaca el papel de Uruguay, con instituciones sólidas, una gestión transparente de datos ambientales y canales efectivos de participación ciudadana, lo que ha contribuido a proteger al país de la polarización y el populismo que afectan a muchos países de la región.

Resalta asimismo los avances en Guatemala, que en 2024 abrió canales de participación ciudadana y comenzó a digitalizar funciones públicas para reducir los riesgos de corrupción, y en República Dominicana, con acciones similares que han resultado efectivas, aunque señala que ambos países tiene aún un largo camino por recorrer para combatir la impunidad.

Por contra, el aumento en las restricciones a la información pública y la participación ciudadana constituye uno de los mayores retrocesos en la región, indica la ONG, que alude explícitamente a los casos de Argentina y El Salvador.

También destaca la trayectoria descendente de México, que pierde cinco puntos en sólo un año, con un poder judicial débil, opaco y complaciente que no ha tomado medidas en casos de corrupción emblemáticos como Odebrecht y Segalmex.

Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe, señaló que "la aplicación de sanciones más firmes y una mayor regulación a los bancos y abogados que facilitan a los corruptos y criminales blanquear su dinero sucio constituyen medidas esenciales para desmantelar las redes de la corrupción".