Por Luz Atilano

La petición emitida ante el Congreso del Estado de Jalisco, a principios de este año por los regidores de oposición del Cabildo de Unión de San Antonio, para la revocación de mandato del actual alcalde municipal, el panista Julio César Hurtado Luna, y de su grupo de ediles, podría cumplir su objetivo a principios del 2018.

Aprueban inicio de procedimiento

Pues como lo informamos a mediados de julio, las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal del Congreso pusieron el asunto a consideración del pleno, cuya mayoría votó el miércoles de la semana pasada, a favor del inicio del procedimiento. Enrique Hernández Guzmán, secretario técnico de la Comisión de Gobernación (presidida por el diputado Jorge Arana Arana), explica lo que esto significa:

“Una vez que el pleno votó y autorizó el inicio del procedimiento, lo que corresponde es notificar tanto al denunciante como a la autoridad señalada, notificarles sobre este inicio del procedimiento, de esta incoación. Una vez que son notificados ellos, se cuenta con un término de 15 días hábiles para que cada una de las partes presente sus pruebas, con las que funden su dicho. Transcurridos esos 15 días hábiles y, presentadas estas pruebas de las dos partes, se cita a una audiencia de desahogo de pruebas. Entonces se van a desahogar las pruebas que previamente aportaron, únicamente las que hayan aportado. Después de esa audiencia de desahogo de pruebas, la Comisión de Gobernación en conjunto con la Comisión de Desarrollo Municipal harán un dictamen para valorar las pruebas determinadas y si los actos en los que se señala a la autoridad municipal sí contravienen lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, y se encuadra dentro de esas causales, procede entonces un dictamen para la suspensión o revocación de mandato. Este dictamen se aprueba en comisiones y se sube al pleno para votación. O si no se acreditan esas causales, se hace un dictamen en donde se determina que no hay elementos suficientes para la suspensión o revocación de mandato, se aprueba en las comisiones y se sube al pleno para su votación”.

Hernández Guzmán aclara que se trata apenas del inicio del procedimiento y que éste no habría iniciado si el estudio realizado previamente  por las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, no hubiesen encontrado elementos suficientes para poner en consideración el asunto. Las pruebas documentales de la parte denunciante y de la parte denunciada deberán entregarse en los mencionados 15 días hábiles para su debido análisis y para que se establezca así una fecha para la audiencia.

Hasta 2018

El funcionario estatal indica que el Congreso se encuentra realizando los oficios correspondientes para la notificación de ambas partes, que se hará llegar en el transcurso de esta semana y, por otro lado, que debido al tipo de procedimiento a seguir, así como a los tiempos que se requieren, el asunto podría desahogarse hasta principios de 2018:

“Para 2018, si vemos los términos, simplemente a partir de la notificación son 15 días hábiles y recordemos que como días inhábiles también cuentan (además de los fines de semana) el periodo vacacional del Congreso del Estado, que es a partir no recuerdo si del 14 o 15 de diciembre hasta los primeros días de enero. Entonces, este asunto estaría terminando en el mes de enero de 2018”.

El caso de Unión de San Antonio no es el único en su tipo, pues de acuerdo con el secretario técnico de la comisión de Gobernación, en lo que va de la actual legislatura se registran entre 50 y 60 procedimientos iniciados con motivo de suspensión o revocación de mandato, entre los que, además del municipio alteño, seis se encuentran en la fase de presentación de pruebas documentales para su posterior desahogo en audiencia.

Los Motivos

Habría que recordar que gran parte de lo denunciado por la fracción de oposición en el Cabildo de Unión de San Antonio contra el alcalde municipal Julio Hurtado Luna y su grupo de ediles, tiene que ver con irregularidades en la toma de decisiones del ayuntamiento y en el pago de salarios, así como con no otorgar información que debe ser pública y con no convocar a la oposición para las sesiones de cabildo.

Por otro lado, durante la actual administración (2015-2018), el municipio unionense ha sido amonestado por lo menos en tres ocasiones por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), a causa de no entregar información sobre obras públicas, nóminas, presupuestos, programas y beneficiarios del DIF municipal.