Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Miles de indígenas mayas bloqueaban este lunes al menos seis importantes tramos de carreteras en el oeste de Guatemala para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, en manifestaciones que cuestionan presuntos malos manejos en su gobierno.

"Que todos se levanten y que nadie se quede atrás, por un estado con democracia comunitaria, representativa y plurinacional. El poder es del pueblo", indica un comunicado de la municipalidad indígena de Sololá, organizadora de la manifestación.

El vocero de la estatal Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Juan Carlos Aquino, dijo a periodistas que cuatro tramos de la carretera Interamericana están cerrados por los indígenas, con piedras o vehículos pesados. Pobladores cercanos de otras dos comunidades se unieron a la protesta.

Al igual que las recientes protestas ocurridas durante los dos últimos fines de semana en la capital, los indígenas reclaman la "depuración" del Congreso, la renuncia del ministro de Gobernación, Gendri Reyes; de la Fiscal General, Consuelo Porras; y del director de la Policía, José Tzubán.

Sus peticiones fueron elevadas a través de una carta abierta dirigida al presidente Giammattei, en la que le reclaman por su "falta de respuesta" a peticiones para el reconocimiento de los derechos de sus pueblos.

La propia Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú criticó hace unos días que el gobierno no incluyera a los indígenas en el diálogo convocado para resolver la crisis que afronta el país.

Sololá es un departamento con más de medio millón de habitantes donde cohabitan tres pueblos mayas y que alberga el turístico y paradisíaco Lago de Atitlán.

Las manifestaciones para pedir la renuncia de Giammattei, un conservador de derecha que no lleva ni un año en el poder, se iniciaron el sábado 21 de noviembre en la plaza ubicada frente a la antigua sede de gobierno en la capital. Si bien comenzaron inició pacíficamente, fueron incendiadas varias oficinas del Parlamento.

Los manifestantes responsabilizan a Giammattei de elaborar con opacidad el presupuesto del país para 2021, que luego debió ser anulado ante las demandas ciudadanas.

Según los opositores, el presupuesto no atendía problemas como la pobreza, que afecta a casi el 60% de sus 17 millones de habitantes.

También lo acusan de desarrollar de una mala gestión de la pandemia de la covid-19.

El último sábado las protestas continuaron. Un grupo de personas con el rostro cubierto incendió un autobús. Reyes aseguró que se trató de "un acto totalmente planificado y financiado por algún grupo de personas que intenta desestabilizar el orden institucional del país".

Para el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, el gobierno intenta "criminalizar" las protestas, apoyándose en actos de violencia que ocurrieron al margen de las manifestaciones.