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Tegucigalpa, Honduras.
Honduras se mantiene como uno de los países más peligrosos de América para la defensa del medioambiente y el territorio, con al menos 103 asesinatos de activistas entre 2015 y 2025, según un informe difundido este jueves en Tegucigalpa.
El documento, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI), revela que la mayoría de los crímenes están vinculados a conflictos por la tenencia de la tierra, la explotación forestal ilegal, concesiones mineras otorgadas sin consulta y la presencia de actores armados.
Conflictos territoriales y violencia en Colón
La investigación subraya, además, que el 90 % de los casos permanece en la impunidad, un factor que alimenta la repetición de los ataques.
Más del 30 % de ellos han ocurrido en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, donde la tenencia de tierra es un conflicto de décadas que ha dejado alrededor de 200 muertos, sin que asome, a corto plazo, una solución, a lo que se suma una también larga presencia del narcotráfico en la zona.
Las tierras que reclaman campesinos organizados fueron otorgadas por el Estado a mediados de los años 70 del siglo pasado mediante un programa de reforma agraria impulsado en una de las facetas de los regímenes militares.
Casos emblemáticos y patrones de violencia
La ASJ ha documentado tres casos emblemáticos que ilustran los patrones de riesgo, abandono estatal e impunidad que se repiten en distintas regiones del país.
Se trata de la líder indígena tolupán María Enriqueta Matute, asesinada durante una protesta pacífica en 2013; del dirigente campesino Santos Hipólito Rivas Baquedano, emboscado en el Bajo Aguán en 2023 pese a contar con medidas de protección; y del defensor comunitario Juan Bautista Silva Ventura, asesinado junto a su hijo en 2025 mientras documentaba tala ilegal en Comayagua.
Aunque ocurrieron en distintos años, estos casos comparten elementos comunes: "Amenazas previas no atendidas, criminalización de líderes comunitarios, presencia de economías ilegales vinculadas a tierra y recursos naturales, ausencia de medidas efectivas de protección y falta de investigación sobre la autoría intelectual", señala el informe.
Los tres casos:
"ilustran un patrón estructural de violencia que continúa poniendo en riesgo la vida de quienes defienden el ambiente en Honduras".
Enfatiza el documento.
Ante este panorama, la ASJ impulsa la iniciativa “Guardianes silenciados”, con el objetivo de visibilizar la violencia contra quienes protegen los bienes naturales del país mediante investigación de campo, análisis técnico y testimonios humanos.
La iniciativa forma parte del proyecto Justicia ambiental y protección a defensores ambientales, desarrollado con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, e incluye la habilitación de una plataforma digital que concentrará datos actualizados, rutas de denuncia, hallazgos jurídicos y perfiles de defensores ambientales asesinados.
El proyecto cuenta además con la participación del experto internacional Federico Chunga, especialista en protección de personas defensoras, quien ha brindado recomendaciones técnicas y sostenido reuniones con autoridades, organizaciones civiles y medios de comunicación para analizar prácticas regionales orientadas a reducir la violencia contra ambientalistas.
En las próximas semanas, la ASJ presentará un estudio que analiza las fallas estructurales del Estado en prevención, protección, investigación y sanción de estos crímenes, así como la plataforma digital Guardianes silenciados, que integrará bases de datos históricas, información nacional e internacional y mecanismos de denuncia.
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