Bogotá, Colombia

Familiares de 11 diputados del suroeste de Colombia, secuestrados en 2002 por las FARC y asesinados cinco años después, apelaron la primera sentencia sin penas de cárcel que un tribunal surgido del acuerdo de paz de 2016 emitió contra exjefes de esa guerrilla.

Siete miembros del secretariado o cúpula de las extintas FARC, incluido su último comandante -alias Timochenko-, fueron condenados el martes a ocho años de trabajos comunitarios por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

• Nacida del histórico pacto que desmovilizó al grueso de la guerrilla durante el gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos (2010-2018).

Los comparecientes aceptaron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros y recibieron la sanción máxima establecida por el sistema de justicia surgido de esos acuerdos.

La sentencia "presenta graves deficiencias que desconocen los compromisos" adquiridos por el Estado tras la firma de la paz y los estándares internacionales, dijo el viernes en un comunicado la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a varias familias de este grupo de políticos ejecutados por los rebeldes.

En 2002, una docena de diputados locales del Valle del Cauca fueron secuestrados durante un asalto de la guerrilla contra la Asamblea Departamental. Permanecieron en cautiverio durante cinco años hasta que en 2007, en medio de un supuesto enfrentamiento con paramilitares, la mayoría fueron asesinados por los guerrilleros.

Solo el diputado Sigifredo López sobrevivió, porque se encontraba en ese momento en otro campamento, y pudo relatar su experiencia tras ser liberado en 2009.

Según la organización, el tribunal falló en garantizar "la participación efectiva de las víctimas" en el diseño de las sanciones, así como en su "proporcionalidad (...) frente al daño sufrido".

Los familiares consideran además que hay una "ausencia de garantías reales de no repetición" y de esfuerzos de "verdad plena, detallada y exhaustiva" por parte de los sentenciados.

La JEP enfrenta severas críticas tras su primera sentencia, pues varios afectados esperaban sanciones más duras.

"Es absolutamente entendible que haya víctimas inconformes" porque "son crímenes que es imposible reparar", dijo en entrevista con la AFP el magistrado Camilo Suárez, a cargo de este caso.

Unas 4.300 víctimas de secuestro fueron acreditadas ante el tribunal y "escucharlas a cada una es absolutamente difícil, casi imposible", sostuvo.

Photo by Juan BARRETO / AFP