Dos son los reclamos populares en este momento en Jalisco: la inseguridad que impacta a los ciudadanos y la derrama de corrupción en casi todos los procesos de la vida cotidiana.

En teoría, el gobernador y los poderes judicial y legislativo, asumen que con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción los dos reclamos se arreglan, pero magia no hay.

El observatorio ciudadano del sistema estatal Anticorrupción a través de Cecilia Díaz Romo una de sus integrantes, narró este martes lo que lo pone en riesgo si, además del inexistente presupuesto, no se resuelve:

Es decir, el fiscal anticorrupción, la Secretaría técnica y los cinco integrantes del Comité de Participación Social llevan cinco meses trabajando sin salario, sin oficinas y sin personal administrativo.

Para que el andamiaje funcione, además de lo operativo que ya se enlistó, Jalisco debe contar con los protocolos de investigación encubierta y adquisición de tecnología especializada para poder iniciar procedimientos contra el desempeño de autoridades que sean señaladas por actos de corrupción.

Cecilia Romo en representación de las organizaciones civiles que observan al Sistema Estatal Anticorrupción, puso de ejemplo cómo el poder legislativo lleva más de un año sin aprobar lo que zanjará el uso discrecional que hace el gobernador de la fiscalía general de Jalisco, por ejemplo.

Usted y yo sabemos que la inseguridad y la corrupción se multiplica día con día, pero al mismo tiempo los 39 diputados aún en funciones, todavía no nombran al tercer ocupante para magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del que defensoras de derechos humanos han señalado debe corresponderle a una  mujer ocupar la tercera silla, y corren tres amparos de personas que aspiran a cargos en la fiscalía, lo que dilata e impide que a cabalidad el Sistema Estatal Anticorrupción esté en funciones. Sin embargo el propio observatorio ciudadano reconoce que en comparación con otros estados, el de Jalisco, es de lo más avanzado.