Guadalajara, Jalisco.

Los congresos estatales impulsan leyes que criminalizan y discriminan a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En el caso de Jalisco, los códigos Penal y Civil establecen como causal de homicidio o de lesiones calificadas a quien transmita el virus a una persona, y, además, sostienen que a quien tiene una enfermedad “contagiosa” “crónica” e “incurable” no puede otorgarse la tutela de un menor o celebrar matrimonio.

El integrante de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, Leonardo Bastida Aguilar, mencionó que esto es una violación sistemática a los derechos humanos al catalogar “peligro de contagio”.

“Permite que la ley desafortunadamente juegue contra de las personas que viven con VIH, y que además sabemos que en algún momento se ha aplicado tristemente”.

En el caso de Jalisco, expuso que “se encuentra equiparada con el de lesiones o lesiones calificadas; puede juzgarse como homicidio siempre que la persona contagiada fallezca como consecuencia de la enfermedad transmitida”.

La Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH presentó un informe, denominado “La legislación mexicana en materia de VIH y Sida.

Su impacto en las personas viviendo con VIH”, en el que analizaron los 32 códigos civiles y penales en México.

Con este trabajo se busca contribuir a consolidar una política de “no criminalización en el Estado mexicano contra las personas que viven con VIH”.

Los organismos emitieron una serie de recomendaciones a las legislaturas estatales y al Congreso de la Unión para que revisen las leyes penales vigentes; algunas de estas las anuncia el defensor Antonio Matus, de AHF México.

“Ni la legislación penal ni la civil deberían de prever estos delitos específicos contra la transmisión deliberada e intencional del VIH. Además, es necesario suprimir en los códigos civiles y familiares estos requisitos de presentación de certificados médicos para contraer matrimonio en cualquier entidad del país en concordancia con las leyes estatales para eliminar la discriminación y normas mexicanas en la materia”.

Aunado a ello, las recomendaciones van dirigidas a las secretarías de Salud Federal y estatal, al Censida y Consejos estatales, organismos de prevención de discriminación y a las comisiones de Derechos Humanos.