Madrid, España 

El ministerio español de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.

Acciones de la autoridad

Además, implica dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.

Aunque el Ministerio informó este lunes de que la resolución ya es firme, la compañía anunció en un comunicado remitido a los medios que recurrirá la multa impuesta por el Gobierno.

Airbnb asegura que la sanción es contraria al marco legal español y europeo, por lo que la recurrirá, y sostiene que ha cumplido "en todo momento" la normativa aplicable en España a los alquileres de corta duración.

Detalles confirmados

Las infracciones de la normativa de Consumo, identificadas en 65.122 anuncios en Airbnb, son, además de anunciar alojamientos sin licencia, publicar anuncios que indican un número de registro que no se corresponde con los que se utilizan en dichos anuncios turísticos.

• Por estas infracciones graves se les impone una sanción de 64,05 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento del Ministerio hasta su retirada por la plataforma.

Tras conocer la noticia, la asociación de consumidores Facua celebró la sanción y destacó que se trata de la segunda mayor multa impuesta en España, solo superada por los 108 millones con los que sancionó a la aerolínea Ryanair por cobrar recargo por el equipaje de mano. 

El Gobierno instó a Aibnb a eliminar de manera inmediata más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas el pasado mayo, después de haberle remitido hasta tres resoluciones en las que se notificaron la detección de los anuncios ilícitos.

España ha vivido en los últimos años una proliferación de pisos turísticos, muchos de ellos ofertados al margen de la legalidad, ya que la legislación actual obliga desde este año a que los pisos turísticos tengan un número de registro para que se puedan ofertar, pero miles de ellos no los tienen.

Esta proliferación ha sido uno de los factores que ha contribuido a la escasez de alquileres residenciales y por consiguiente a la subida del precio de la vivienda en España, según denuncian distintas asociaciones, sobre todo en lugares como las grandes capitales y las zonas costeras.