Jalisco, México.

En un lapso de ocho años -de 2015 a la fecha- la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales recibió más de 800 denuncias de actos considerados como violatorios de la ley electoral en el estado. De esa cifra, se abrieron 479 carpetas de investigación. 

Sin embargo, en todo este tiempo nadie pisó la cárcel, al no acreditarse el delito, informó el fiscal Ricardo Suro Gutiérrez, al rendir su informe de actividades en el Congreso del Estado.

Suro Gutiérrez fue nombrado en el cargo en 2015 y en 2019 fue ratificado para un segundo periodo de cuatro años que finaliza este 28 de enero.

El fiscal saliente precisó que apenas en dos o tres casos, las carpetas de investigación que se abrieron concluyeron con la aplicación de sanciones.

Las denuncias con mayor incidencia se refieren a mujeres que denuncian ser víctimas de violencia política.

“Sí, tenemos varias carpetas de investigación derivadas de estos actos. Algunas tienen que ver con el debate en los cabildos, que es donde hay una mayor incidencia, pero no necesariamente es un delito electoral. A veces, el calor del debate hace sentir que hay una agresión, sin embargo, es propio del ejercicio del cargo público”, explicó.

Al informe del fiscal de delitos electorales acudió el secretario de gobierno, Enrique Ibarra, la presidenta del Congreso, Mirelle Montes y la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Paula Ramírez. 

El fiscal saliente dijo que el hecho de que nadie haya ido a la cárcel por cometer algún delito electoral en Jalisco, tiene que ver con la legislación respectiva, ya que es muy complicado acreditar el delito.

“Hemos hablado de la complejidad en la elaboración de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que es una ley compleja, que los delitos no están tipificados con mucha claridad, ya que tienen que converger muchos hechos y no siempre es fácil probarlos”, dijo.

A partir de este lunes, Jalisco se quedará sin fiscal de delitos electorales, ya que el Congreso apenas está revisando los perfiles de la terna que envió el gobernador Enrique Alfaro.

Los candidatos a fiscal electoral son: Karla Isabel Rangel Isas, quien labora en el área jurídica de la Contraloría del Estado; Héctor Javier Díaz Sánchez, quien es contralor de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), y el presidente de la Junta Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

De las denuncias por presuntos delitos electorales, los principales casos son por compra y coacción del voto, uso de recursos públicos para fines proselitistas y violencia política en contra de las mujeres. 

El año con mayor cifra de denuncias fue 2021, con 281 querellas.