Fotografía: Ignacio Pérez Vega.
Guadalajara, Jalisco.

Han transcurrido tres meses desde que el regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando Garza Martínez, presentó un recurso de reclamación ante el Tribunal de Justicia Administrativa, luego de que el 14 de febrero se rechazó el juicio de nulidad que interpuso por las irregularidades en el arrendamiento de 290 patrullas, dado a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V.

Por ello, ante la lentitud que lleva su reclamo, Garza Martínez presentó ahora una “excitativa de justicia” ante la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Fanny Lorena Jiménez Aguirre. Este recurso legal se presenta para aquellos casos en los que no se cumple con el derecho humano de alcanzar una justicia pronta y expedita.

“Presenté el 22 de febrero un recurso de reclamación el cual fue admitido el 1 de marzo del presente año. El punto es que desde esa fecha han pasado ya más de tres meses sin que tenga ningún avance en este tema. Por ello, el pasado viernes me presenté nuevamente ante el Tribunal para presentarle a la magistrada presidenta, Fanny Jiménez, una solicitud de excitativa de justicia”, precisó.

El edil del PAN hizo un llamado a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa para que se haga justicia en esta licitación realizada por el Comité de Adquisiciones de Guadalajara, a fin de que no acepte presiones de ninguna autoridad y revise las anomalías en el arrendamiento de las patrullas, las bicis, las motocicletas y los patines eléctricos para la Comisaría de Seguridad de Guadalajara.

“Hago un llamado a la presidenta del Tribunal de lo Administrativo para que nos ayude a que se haga justicia. Que se ponga del lado de los tapatíos y no del lado de los intereses, y que no permita que se viole la Ley impunemente. Mientras que se deje a los gobernantes pasarse la ley por el arco del triunfo, no podemos estar de bien, ni de buenas”, manifestó.

Garza dijo que también está a la espera de que se rinda un informe sobre las sanciones económicas que se aplicó al proveedor de las patrullas, ya que incumplió varias veces con los plazos de entrega de las unidades.

Ignacio Pérez Vega

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