Toronto, Canadá.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, incumplió la ley cuando presionó a su ministra de Justicia para que favorecierae a una empresa constructora acusada de pagar sobornos en el extranjero, según dictaminó este miércoles el comisionado federal de Ética.

El informe dado a conocer hoy por el comisionado federal de Ética, Mario Dion, señala que Trudeau incumplió la ley de Conflictos de Interés al ordenar a sus subordinados "a encontrar una solución que protegiese los intereses empresariales en Canadá de SNC-Lavalin", la mayor constructora del país.

Las presiones de Trudeau fueron confirmadas por la propia ministra Jody Wilson-Raybould, que decidió abandonar el Gobierno canadiense en febrero de este año.

Según Wilson-Raybould, Trudeau le dijo que él era un diputado por la provincia de Quebec, donde se encuentra la sede de la constructora, y que una condena contra SNC-Lavalin y la posible pérdida de puestos de trabajo tendría implicaciones electorales.

Las elecciones generales canadienses están programadas para el próximo 21 de octubre.

Las acusaciones contra el primer ministro y las dimisiones de Wilson-Raybould y de la entonces ministra del Tesoro, Jane Philpott, en señal de protesta, provocaron la mayor crisis de Gobierno de Trudeau.

A pesar de la decisión del comisionado de Ética, Trudeau se negó hoy a disculparse por sus acciones y dijo que aunque aceptaba las conclusiones del informe no estaba de acuerdo con algunas de las determinaciones.

Esta es la segunda vez que Trudeau ha incumplido la ley de Conflictos de Interés.

Según el informe, Trudeau intentó "promover de forma inapropiada los intereses de SNC-Lavalin" y la autoridad del primer ministro "fue utilizada para evitar, socavar y en última instancia intentar desacreditar" las decisiones de la fiscalía y la autoridad de Wilson-Raybould.

Además, el comisionado criticó con dureza al Gobierno de Trudeau por dificultar su investigación.

SNC-Lavalin es una controvertida empresa que está acusada de pagar sobornos a altos funcionarios del régimen del fallecido líder libio Muamar el Gadafi, incluido uno de sus hijos, para conseguir contratos en el país norteafricano.

Una condena por corrupción acarrearía de forma automática una prohibición durante 10 años para que SNC-Lavalin participe en contratos públicos del Gobierno federal canadiense.

SNC-Lavalin ya ha sido penalizada con un castigo similar por el Banco Mundial por el pago de sobornos en Bangladesh.

La compañía también está implicada en el pago de sobornos para obtener un contrato para la construcción de un macrohospital en Montreal (Canadá).

La constructora cabildeó ante el Gobierno canadiense para que la Fiscalía le ofreciese un acuerdo de enjuiciamiento diferido que evitaría que fuese juzgada criminalmente y la prohibición para participar en contratos públicos federales durante una década.

Pero cuando la directora de enjuiciamientos de la fiscalía se negó a ofrecer el acuerdo a SNC-Lavalin, Trudeau y otros miembros del Gobierno solicitaron a Wilson-Raybould, que también era la fiscal general del Estado, que modificara su decisión.