Veracruz, Veracruz.

Una auditoría oficial detectó irregularidades en el nuevo Sistema Anticorrupción de Veracruz, como asignaciones ilegales de contratos, impago de impuestos y reclasificación de cargos para obtener mejores salarios.

De acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo este lunes acceso a Efe, los funcionarios de este órgano anticorrupción además contrataron personal sin pagarles el seguro social, adquirieron bienes sin un programa de licitaciones y tienen un sustancial desorden administrativo.

Las irregularidades detectadas aparecen en un pliego de observaciones entregados a una docena de servidores públicos por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz, un ente garante del buen uso de recursos públicos.

El Sistema Anticorrupción entró en funciones en agosto del 2018 y está conformado por un conjunto de instituciones que se agrupan para velar o inhibir que se cometan actos de corrupción en las instituciones públicas.

El andamiaje anticorrupción estuvo presidido por un comité ciudadano integrado por Sergio Vázquez Jiménez, quien fungió como presidente del organismo durante un año; Alma Delia Hernández, Mercedes Santoyo y José Emilio Cárdenas, encargados de velar por el correcto uso de los recursos.

El recién nombrado presidente del Comité Ciudadano del sistema, José Emilio Cárdenas rechazó este lunes a Efe que se trate de un asunto de corrupción, sino de "observaciones" de auditores que deberán ser solventadas en las etapas de revisión de la Cuenta Pública.

"Me parece de entrada que había que matizar los términos, no es necesariamente actos de corrupción, son cosas que se deben solventar, se tienen que revisar. Y no necesariamente se tienen que calificar como actos de corrupción, en todo caso son temas administrativos que pasan en todas las entidades públicas", justificó.

Aunque son los representantes ciudadanos quienes designan al encargado de administrar los recursos y velan por el correcto uso de recursos, el funcionario rechazó que los integrantes del comité ciudadano tengan responsabilidad en estas anomalías.

Aunque calificó como preocupantes las "observaciones".

"En cualquier entidad pública, desde luego, se tiene que ser muy precisos y puntuales en los procesos administrativos. Sin duda, en el tema del sistema, hay que ser especialmente cuidadosos", señaló en referencia a la transparencia que ha de tener el organismo.

De entrada, las auditorías detectaron que los miembros del órgano anticorrupción perciben un salario mensual de 74 mil 603 pesos, un monto casi igual al que recibe el gobernador de esa entidad, Cuitlahuác García Jiménez.

Los especialistas, encontraron irregularidades en la asignación de un contrato por 1,25 millones pesos para la adquisición de bienes informáticos a la empresa Grupo Informático de Xalapa, pues la compañía incumplió con uno de los requisitos legales y falló en la colocación de 48 nodos de red para voz y datos.

"No existe evidencia que asegure las mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega, además de que dicha adjudicaciones realizó a margen de las disposiciones normativas aplicables", determinaron.

Los encargados del área tampoco elaboraron un Programa Anual de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2018, por lo que no existió un instrumento normativo que regulara la compra de diversos bienes e inmuebles por 2,2 millones de pesos.

Las revisiones además encontraron que los cuatro integrantes del sistema recibieron por honorarios en un periodo de siete meses un total de 2,1 millones de pesos sin que se hayan autorizado condiciones contractuales o términos por los servicios pagados.

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva de ese sistema asignó un sueldo superior al que correspondía originalmente a dos áreas: jefe de área y analista especializado.

Además, se detectó que omitieron el pago de impuestos federales y estatales como el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y el 3% sobre la nómina.

El informe será remitido en breve al Congreso del Estado de Veracruz para que se analizado y se determinen las acciones legales que habrán de emprenderse contra los responsables de dicho organismo.