Guadalajara, Jalisco.

Tras la protesta realizada por vecinos de Tala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares ante la próxima instalación del nuevo basurero metropolitano de la empresa Caabsa, que se pretende abrir en ese municipio.

El presidente del organismo, Alfonso Hernández Barrón, informó que se pide al presidente municipal de Tala, Enrique Buenrostro Ahued, que se integre una mesa de diálogo con los pobladores de la cabecera municipal y de los fraccionamientos cercanos, para que les informen del proyecto y escuchen sus inconformidades.

“Al presidente municipal de Tala le pedimos que integre una mesa de diálogo con los vecinos aledaños, donde se pretende reubicar el nuevo relleno, donde se recaben sus inconformidades y se les exponga el proyecto y se garantice su participación en este tema. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril”, explicó.

Hernández Barrón informó que en el acta de investigación 368/2021 también se dictaron medidas cautelares al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado, Sergio Graf Montero, a quien le exigen informar sobre los permisos para la construcción del basurero metropolitano y que diga si se vincula con el cierre del vertedero de Los Laureles, en Tonalá.

“También se dictaron medidas cautelares al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado, donde se le solicitó que se pronuncie por parte de esa dependencia, exponiendo la situación que impera en la construcción del nuevo relleno sanitario metropolitano ubicado en el municipio de Tala, en donde se exhiba si el mismo tiene relación con el cierre y el trámite correspondiente, en torno a la Manifestación de impacto Ambiental y los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003”, aseveró.

En caso de no existir las autorizaciones necesarias, se pide al secretario de Medio Ambiente que, en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), realice una inspección al sitio donde se pretenda ubicar el relleno sanitario y proceda conforme a derecho.

También se giraron medidas cautelares a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (Prodeur) para que acuda a inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y ejerza sus atribuciones de orientar y defender a los ciudadanos.