París, Francia.

La asociación Sherpa presentó el miércoles una denuncia contra las entidades financieras francesas BNP Paribas, Credit Agricole, BPCE y Axa por "blanqueo de dinero y ocultación", acusándolas de apoyar a empresas responsables de "deforestación ilegal en Brasil", confirmó la Fiscalía Nacional Financiera (PNF).

Entre 2013 y 2021, estos cuatro grupos realizaron inversiones por cerca de 70 millones de dólares en JBS y Marfrig, empresas "con antecedentes probados de deforestación ilegal, acaparamiento de tierras de pueblos indígenas y trabajo forzoso en sus cadenas de suministro de carne de vacuno", explicó la asociación en un comunicado.

Fotografía: Nelson Almeida - AFP

Sherpa asegura contar con el apoyo de Harvest, el Center for Climate Crime Analysis, Repórter Brasil y Transparencia Internacional.

Según el análisis de la asociación, el hecho de que estas empresas pudieran haber recibido intereses con dinero procedente de una actividad ilegal y de que pudieran haber colaborado en la inversión de estos fondos, constituye un incumplimiento de su obligación en la lucha contra el blanqueo.

Axa afirmó a AFP que el grupo "tiene una de las políticas más estrictas" en materia medioambiental y de derechos humanos "y respeta las leyes y normas internacionales vigentes".

Según Sherpa, esta denuncia es una "novedad" para los bancos, pero se produce en un momento de aumento del número de litigios relacionados con la preservación del planeta.

BNP Paribas fue objeto a principios de año de una denuncia sobre el mismo tema ante el tribunal judicial de París, pero sobre el fundamento del deber de vigilancia.

• La ley obliga a las multinacionales con sede en Francia a elaborar un plan que "incluya medidas de debida diligencia razonables para identificar riesgos y prevenir daños graves contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas y el medioambiente, derivados de las actividades de la empresa y de las empresas que controla" en Francia y en el extranjero.

Esta ley de 2017 aún no ha dado lugar a ninguna condena y, según algunos, sufre lagunas que impiden su verdadera eficacia.