Brasilia

La extracción ilegal de madera en la Amazonía brasileña creció un 19 % en el año concluido en julio de 2023, según un estudio de una red ambientalista divulgado este miércoles, que muestra que el delito se concentra en propiedades privadas y que está tomando fuerza en territorios indígenas.

La extensión afectada por la tala ilegal de árboles en el bioma subió de 106.000 hectáreas entre agosto de 2021 y julio de 2022 a 126.000 hectáreas entre agosto de 2022 y julio de 2023.

El dato fue medido mediante imágenes satelitales por el Sistema de Monitoreo de la Explotación Maderera (Simex), una iniciativa conjunta del Instituto Centro de Vida (ICV), el Instituto de Conservación y Desarrollo Sostenible del Amazonas (Idesam), el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) y el Instituto de Manejo y Certificación Florestal y Agrícola (Imaflora).

Al confrontar las imágenes de las áreas taladas en la Amazonía brasileña, la red ambientalista encontró que la mayoría se concentró en terrenos particulares que no contaban con autorización ambiental para hacerlo.

Fotografía: Rodrigo BUENDIA / AFP

De la totalidad de madera extraída ilegalmente en la selva tropical más extensa del planeta en el período analizado, el 71 % ocurrió en inmuebles particulares rurales y otro 16 % en tierras indígenas.

Según explicó a EFE el director de florestas y restauración de Imaflora, Leonardo Sobral, los terrenos privados pueden explotar madera siempre y cuando cuenten con un plan de manejo forestal autorizado, de lo contrario esa madera es considerada ilegal.

El estudio reveló que unos 650 inmuebles privados estaban vinculados con la extracción ilícita de madera, de los cuales 20 responden por casi un tercio de los casos.

La segunda mayor área donde se registran talas ilegales de árboles son los territorios indígenas, especialmente los de los pueblos Kaxarari y Tenharim, que habitan en el sur del estado de Amazonas.

Estos territorios son considerados áreas de "protección total" por la legislación brasileña, en donde solo se puede hacer uso indirecto de los recursos naturales, con el objetivo de preservar las formas de vida de los pueblos tradicionales y la biodiversida.

No obstante, el estudio señala que esos territorios se han convertido en un "blanco fácil" para la delincuencia, que los invade, promueve la degradación y amenaza a los pueblos indígenas.

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Pese a que la mayor parte de las extracciones de madera (65 %) se hizo legalmente, la extracción ilícita perjudica al mercado legal de madera, que se ve impactado por los precios del comercio ilícito.

Para Sobral, la mejor forma de enfrentar ese problema es fomentar el manejo forestal sostenible, y en las áreas públicas hacerlo a través de concesiones que garanticen que esas áreas estarán protegidas y conservadas mediante un plan de manejo forestal.

"Por otro lado, es importante que los mercados consumidores tomen conciencia sobre el origen de la madera y sobre la necesidad de comprar madera cuya trazabilidad demuestre que procede de áreas autorizadas".