La Haya, Países Bajos

La Corte Penal Internacional (CPI) declaró el jueves que rechaza la impugnación de su competencia en el caso que involucra al expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad.

La defensa del ex jefe de Estado, de 80 años, había presentado en mayo una objeción al ejercicio de la jurisdicción por parte de la Corte, con sede en La Haya.

"La Sala considera que la Corte puede ejercer su competencia en el presente caso respecto a los crímenes imputados a Duterte, cometidos en Filipinas mientras este país era Estado parte", declaró la CPI en un comunicado.

El acusado enfrenta ante la CPI tres denuncias por crímenes de lesa humanidad debido a su implicación en asesinatos cometidos en el marco de su "guerra contra las drogas", que habría dejado miles de víctimas.

Fue arrestado en Manila el 11 de marzo, trasladado a Países Bajos esa misma noche y desde entonces permanece detenido en el recinto penitenciario de la CPI en la prisión de Scheveningen, en La Haya.

Poco después del arresto de Duterte su abogado, Nicholas Kaufman, declaró a AFP que la Corte no tenía competencia para juzgar el caso, ya que la retirada de Filipinas de la CPI, el 17 de marzo de 2019, se hizo efectiva mucho antes de la apertura de una investigación en ese país.

La CPI afirma que Filipinas fue Estado parte del Estatuto de Roma "y estuvo vinculada por sus disposiciones desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019", antes de su retirada.

"Los crímenes de lesa humanidad imputados a Duterte en el presente caso fueron cometidos durante ese período", destaca.

Los fiscales de la CPI lo acusan formalmente de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, responsabilizándolo de estar implicado en al menos 76 asesinatos relacionados con su "guerra contra las drogas".

• El primer cargo se refiere a su presunto papel como coautor en 19 asesinatos cometidos entre 2013 y 2016, cuando era alcalde de Dávao. El segundo se refiere a 14 asesinatos de "objetivos de alto valor" en 2016 y 2017, cuando era presidente. Y el tercero abarca 43 asesinatos ocurridos durante operaciones de "limpieza" contra pequeños consumidores o presuntos vendedores de drogas.

A comienzos de octubre, la Corte rechazó la solicitud de liberación de Duterte por motivos médicos, mientras se decide si se encuentra en condiciones de comparecer ante el tribunal.