Guadalajara, Jalisco. 

La jornada de consultas sobre la reforma del Poder Judicial, encabezada por el diputado Alberto Alfaro García, concluyó con la realización de ocho foros en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque.

Durante estos encuentros, especialistas ofrecieron una perspectiva sobre el tema con el objetivo principal de acercar a la ciudadanía información clara y accesible sobre la reforma. Así lo explicó Jesús Salazar, coordinador de estos foros:

"La gente ha escuchado mucho sobre la reforma al Poder Judicial desde hace varios meses, desde el año pasado, y se les ha explicado que es la misma reforma del Poder Judicial que presentó por iniciativa el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ha continuado la presidenta, la Dra. Claudia Chinchilla Pardo.

Esto obliga hoy al estado de Jalisco a realizar una reforma en su propio Poder Judicial.

La gente pensaba que se trataba de una reforma diferente, por lo que se ha aclarado que no implica una intromisión en los poderes. Nunca se dictará cómo deben resolverse sentencias, sino que

busca establecer un mecanismo democrático para que la ciudadanía elija a jueces y magistrados."

Según Jesús Salazar, en los ocho foros participaron aproximadamente 300 personas de distintas colonias, muchas de las cuales expresaron preocupaciones sobre la complejidad y el alto costo de los procesos judiciales. Entre los asistentes, Arnulfo Raya compartió su opinión sobre la reforma:

"Tenemos que reafirmar y llevar a cabo la reforma del Poder Judicial tanto a nivel federal como estatal este año en Jalisco. Estoy a favor de su implementación porque es fundamental reformar a los jueces.

Actualmente, Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones a nivel nacional, el quinto en homicidios y el cuarto en conflictos familiares y económicos.

 Además, el Poder Judicial enfrenta un retraso de entre tres y cinco años".

La reforma judicial propone que todas las personas juezas, magistradas y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidas por voto popular en lugar de mediante exámenes o nombramientos. Este sistema también se aplicaría en los 32 estados del país.

Las candidaturas serían propuestas por los tres poderes del Estado, que seleccionarían a los aspirantes mediante un proceso de evaluación y sorteo antes de su aprobación final.

Texto por: Aitana Rodríguez