Guadalajara, Jalisco.

A cinco meses del asesinato del marakame de San Andrés Cohamiata, Rosendo González Torres, de 56 años de edad, quien fue encontrado muerto el 7 de enero, junto con su nieto de 17 años, Estanislao González Carrillo; ya hay tres personas detenidas, informó Mireya Rodríguez Corona, quien es integrante del Frente Nacional de Mujeres "Rosa Luxemburgo", que ha dado asesoría en nutrición y neurodesarrollo desde 2009 a la comunidad.

La activista solicitó que los deudos del marakame sean asistidos por un abogado de oficio que sea bilingüe, porque en este momento la familia no cuenta con asesoría legal.

Rosendo y su nieto fueron privados de su libertad en su propia casa, ubicada en la sierra Norte de Jalisco, en el municipio de Mezquitic. Los hechos ocurrieron durante la madrugada, ambos fueron maniatados y torturados y lanzados a la barranca.

"Dos personas más también recibieron agresiones, en grado de tentativa, entre ellos una mujer que logró saltar de una unidad vehicular y huir, la cual corrió cerca de tres horas para pedir ayuda en San Andrés Cohamiata. A su vez, informan los familiares que no tienen abogado, por lo que les pedí que por favor soliciten el abogado de oficio, dado que están hasta la sierra y que no olviden en ningún momento que hay una Recomendación de Derechos Humanos del estado para que este caso sea investigado", explico.

El 7 de enero pasado, los cuerpos del marakame y su nieto fueron encontrados en una barranca cercana. La causa de muerte fue ahorcamiento y disparo de arma de fuego.

Un marakame según los usos y costumbres de la etnia wixaritari, es un médico tradicional y un sacerdote. Rosendo era un líder espiritual reconocido y varias veces viajó al extranjero para compartir sus conocimientos.

En enero pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía Estatal para que el caso se investigara con la máxima protección y diligencia a favor de las personas ofendidas.

La Defensoría pidió que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, inscriba en el registro estatal correspondiente a los deudos de ambos.

Mireya Rodríguez indicó que J. Isabel de la Cruz y Aureliano de la Cruz, que participaron en el crimen, siguen sin ser detenidos y la familia afectada los vio salir de las oficinas de la CEDHJ en Taateikie. La familia de las víctimas ha recibido amenazas, por lo que se pide atención del caso al gobierno de Jalisco.