Ocotlán, Jalisco

Luego de la contingencia ambiental por la contaminación de una presa de riego en Ayotlán, denunciada por el diario Mural, y que está haya ocasionando la muerte de miles de peces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dictó medidas cautelares a varias autoridades estatales y municipales, así lo dio a conocer el día 30 de noviembre mediante su cuenta oficial de Twitter.

En la nota periodística se señala que camiones cisterna procedentes de empresas tequileras derraman vinaza en hoyos en tierra que han contaminado la presa de San Onofre, matando una gran cantidad de peces y afectando a pescadores locales; inclusive ciudadanos de Guadalajara se han manifestado ante esta situación, tal como lo registró este medio el pasado 11 de octubre.

Las medidas cautelares de la CEDHJ se dirigen al presidente municipal de Ayotlán, al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), a la procuradora Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y al secretario de Gestión Integral de Agua.

Al titular de Semadet, Sergio Humberto Graf Montero, se le pide verificar la existencia de autorizaciones en materia de impacto ambiental de las tequileras que se encuentran aguas arriba de la cuenca, que pudieran tener responsabilidad de las descargas.

Al secretario de Gestión Integral de Agua, Jorge Gastón, en coordinación con la Comisión Estatal y Nacional del Agua, se les pidió que realicen estudios de medición fisicoquímica del agua para conocer el impacto de las descargas en la demanda bioquímica de oxígeno.

Además solicitó que se analice la posible materialización de delitos ambientales, y, de encontrarse elementos, se informe de manera inmediata al Ministerio Público para los efectos legales que correspondan y realizar las gestiones para la reparación del daño por parte de los responsables.

Al presidente municipal de Ayotlán, Rodolfo Hernández, se le solicita que se coordine con las dependencias referidas y realicen campañas de información sobre las condiciones de salubridad del agua del río afectado. Esta campaña debe ir dirigida a las personas que habitan en viviendas circunvecinas, así como a quienes hacen uso del agua para fines agropecuarios, indicó la comisión.