Guadalajara, Jalisco. 

Después de seis años de que permaneció “en pausa”, el Congreso del Estado aprobó la Ley que Regula la Prestación de Servicios Inmobiliarios en Jalisco, con 19 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

La nueva ley busca vigilar la función de los asesores y las agencias inmobiliarias para evitar fraudes a los compradores de viviendas y bienes inmuebles.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, impulsora de la iniciativa, explicó que la nueva regulación no impide el trabajo a quienes se dedican a la venta o renta de casas. Sin embargo, sí prevé aplicar sanciones a quien se ostente como promotor de bienes raíces, sin tener la acreditación para ello:

“Primero que nada se crea este registro, vamos a comenzar a empadronar, a registrar a todas las personas que cuenten con una certificación y dar seguimiento. ¿Qué va a suceder si una persona se ostenta como un asesor inmobiliario sin serlo?, va atener una multa que va desde los 5 mil pesos a los 15 mil pesos, pero esto solamente es por usurpar una profesión. En ningún momento se va a vulnerar este derecho que tienen todas las personas a la libre profesión, como lo marca el artículo 5º constitucional”, explicó.

La bancada de Morena se opuso a la llamada Ley Inmobiliaria, al señalar que sí limita la actividad de los prestadores de servicios inmobiliarios, según expresó el líder de ese grupo parlamentario, José María Martínez:

“Sin embargo, hace ilegal que un prestador de servicios inmobiliarios lo haga, sin la acreditación de la Sedeco. Para otro efecto, también se obliga en la propia Ley a que tomen un curso y certificarse para ostentarse como tal, como prestador de servicios inmobiliarios y luego, entonces, viene una competencia desleal, por lo tanto, sí limita y excluye a algunos prestadores de servicios en particular”, señaló.

Sin embargo, la mayoría aprobó la Ley que Regula los Servicios Inmobiliarios, con los votos de MC, PAN y PRI.

Durante la sesión se eligió a María de Lourdes Clemente Ascencio para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado; y a Humberto Mendoza Ayala y a Noel Cervantes López como titulares del Órgano Técnico de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa y del Órgano Técnico de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, respectivamente.

También se avaló exhortar a la Fiscalía General del Estado para que informe al Poder Legislativo, sobre los avances de la investigación de la muerte de Luz Raquel Padilla, hechos registrados hace un año, sin que haya algún responsable del caso de posible feminicidio.