Ciudad de México, México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este jueves que no se realizará ningún proceso judicial contra los manifestantes que la víspera derribaron con una camioneta una de las puertas de Palacio Nacional para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

Un grupo de encapuchados utilizó el vehículo de uso oficial para, a empujones al no tener la llave, tirar una de las entradas del palacio presidencial, donde López Obrador adelantaba su habitual conferencia diaria, según imágenes televisivas.

Luego fueron repelidos con gases irritantes.

Con esta acción, exigían que el mandatario izquierdista recibiera a los padres de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, caso que desató una ola de indignación mundial.

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A preguntas de la prensa durante su conferencia de este jueves, López Obrador informó que no hubo detenidos ni se realizará pesquisa alguna.

"Yo le pedí de manera respetuosa a la fiscalía que no hiciera ninguna investigación", aseguró.

Dijo, sin embargo, que si mediante las imágenes que circulan del fugaz asalto se identifica a posibles responsables, lo informará.

López Obrador reiteró que está dispuesto a recibir a los familiares de los estudiantes desaparecidos en unos veinte días, pero sin la presencia de abogados y activistas que los asesoran.

"Quiero hablar con ellos, quiero que me escuchen y que yo les informe cómo va la investigación y que no pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud", dijo.

Para reparar los daños de la incursión al Palacio Nacional, el presidente pedirá la colaboración de funcionarios. "Vamos a cooperar los servidores públicos para componer la puerta", explicó el mandatario.

Las puertas de Palacio Nacional, construido durante la colonia española y donde despacha y vive el presidente, habían sido blanco de desmanes en protestas, pero en años recientes es la primera vez que una es derribada.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos por policías corruptos que los entregaron a narcotraficantes, es considerada una de las peores violaciones de derechos humanos en México.

La pesquisa del anterior gobierno (2012-2018) -conocida como "verdad histórica"- apunta a que los criminales los asesinaron, los incineraron y arrojaron las cenizas a un río.

Esta versión es rechazada por las familias y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

López Obrador creó la Comisión para la Verdad (COVAJ) a fin de realizar una nueva pesquisa, la cual concluyó que fue un "crimen de Estado".

Han sido detenidas 132 personas, incluidos 14 militares y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, responsable de la "verdad histórica".