Gustavo Castro Soto, coordinador de la organización civil Otros Mundos Chiapas, regresó a México el 1 de abril, cuatro semanas después de ser retenido ilegalmente por el gobierno de Honduras en Tegucigalpa al convertirse en único testigo del atentado en el que asesinaron a la activista hondureña Berta Cáceres.

En rueda de prensa relató cómo se encuentra en estos momentos después de la situación violatoria de sus derechos y lo acontecido contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la lideresa asesinada el 3 de marzo.

Él llegó a Honduras dos días antes por invitación de Berta Cáceres a impartir un taller de energía y resistencia a megaproyectos, en un territorio donde la defensa de los pueblos indígenas es contra los monocultivos de palma africana, el acceso al agua, la criminalización gubernamental por la defensa de los recursos naturales, el mismo contexto mexicano.

Lo que se reveló durante la rueda de prensa, es que el gobierno mexicano nunca instrumentó el tratado bilateral de asistencia jurídica por el que podía el defensor ambientalista volver de inmediato.

Miguel Mijangos, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, narró la discrepancia que la familia de Castro Soto y las organizaciones civiles tienen con el actuar de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) porque no hay evidencia ni documentos que comprueben la comunicación que sostuvo Claudia Ruiz Massieu con el gobierno hondureño, por lo que aseguran su voluntad política se redujo a dos boletines de prensa que falsearon información sobre la interacción diplomática.

Lo que la cancillería mexicana incluso sugirió a la familia de Gustavo Castro fue no tensar la situación y esperar a que terminara la alerta migratoria impuesta por la jueza y la Fiscalía General, por encima de los tratados internacionales que ambos países tienen firmados sobre dotar la protección más amplia a las víctimas y colocando a Castro Soto como imputado cuando no era esa la figura legal que le correspondía. Por lo que sostienen que su regreso se debe a la presión y litigio de organismos internacionales y organizaciones civiles mexicanas y no de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Gustavo Castro no ha determinado si demandará al gobierno hondureño, pero enfatizó que la investigación judicial sobre el asesinato de Berta Cáceres debe focalizarse en los intereses trasnacionales sobre territorio de indígenas y campesinos alrededor del megaproyecto Agua Zarca, donde está involucrado el gobierno de Finlandia.

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